La OTAN estaría recalculando el volumen de financiación militar destinado a Ucrania debido al cambio de postura de Estados Unidos, según reportó el diario italiano Corriere della Sera. La alianza atlántica revisa sus cifras de cara a la cumbre de Ankara, prevista para el 7 de julio, en un contexto marcado por la menor disposición de Washington a seguir respaldando a Kiev con nuevos fondos.

De acuerdo con el reporte, en años anteriores la OTAN había manejado aportes suplementarios cercanos a los 40.000 millones de dólares para Ucrania. Sin embargo, las nuevas estimaciones apuntan a una caída considerable: los fondos realmente nuevos, sin contar compromisos ya aprobados en otros formatos, podrían quedar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares.

El freno estadounidense obliga a los países europeos a asumir una mayor parte del peso financiero. Aunque la Unión Europea logró desbloquear un tramo de 90.000 millones de euros tras superar resistencias internas, buena parte de esos recursos ya corresponde a compromisos existentes. De ellos, alrededor de 60.000 millones estarían vinculados directamente a ayuda militar y provendrían principalmente de países como Alemania, Francia, España y Polonia.

La cifra total de apoyo de la OTAN para este año podría rondar los 70.000 millones de dólares, pero solo una fracción sería dinero fresco. El reporte confirma que el cambio de actitud de Washington está modificando el equilibrio interno de la alianza y pone a Europa frente a una presión creciente para sostener por su cuenta el apoyo militar a Ucrania.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que la reapertura total del estrecho de Ormuz se realizará exclusivamente bajo la administración iraní, conforme al memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos. El canciller aseguró que el proceso para restablecer la capacidad operativa previa al conflicto ya está en marcha y advirtió que cualquier intento de interferencia por parte de otros países podría retrasar la normalización del paso marítimo y aumentar las tensiones en la región.

Araqchí sostuvo que el acuerdo establece con claridad que la responsabilidad sobre la gestión del estrecho recae únicamente en la República Islámica de Irán. En ese sentido, pidió a todos los actores internacionales abstenerse de impulsar mecanismos paralelos o acuerdos distintos a los ya pactados, argumentando que las recientes tensiones registradas en Ormuz demuestran el riesgo de alterar el proceso acordado entre Teherán y Washington.

Mientras tanto, crecen las diferencias sobre la interpretación del memorando. En los últimos días, Irán y Estados Unidos se han acusado mutuamente de incumplir sus compromisos tras nuevos intercambios de ataques en la región. Paralelamente, el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró que hará «lo que sea necesario» para garantizar la seguridad de Israel, mientras continúa la presencia militar israelí en el sur del Líbano y en zonas cercanas a los Altos del Golán.

En este contexto, el analista iraní Mohammad Marandi afirmó que la permanencia de tropas israelíes en el sur del Líbano refleja un proyecto de expansión territorial más amplio y acusó a Estados Unidos de no cumplir los compromisos asumidos dentro del acuerdo provisional. Según Marandi, Washington no está ejerciendo presión suficiente para que Israel abandone los territorios ocupados, lo que mantiene la incertidumbre sobre la viabilidad del proceso de paz y alimenta el riesgo de una nueva escalada en Oriente Medio.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar las acciones de apoyo internacional tras el devastador doble terremoto que afectó al territorio venezolano esta semana.

Según explicó Rodríguez, la llamada estuvo centrada en los esfuerzos de cooperación y respaldo que Washington ha ofrecido para atender la emergencia humanitaria provocada por los sismos, que dejaron cientos de víctimas, miles de heridos y graves daños materiales en varias regiones del país. La mandataria destacó la importancia de coordinar la llegada de ayuda y fortalecer las labores de asistencia a la población afectada.

El contacto entre Caracas y Washington representa un hecho significativo en medio de una relación bilateral marcada durante años por fuertes diferencias políticas y diplomáticas. La magnitud del desastre natural ha propiciado canales de comunicación enfocados en la atención de la crisis, priorizando la ayuda a las comunidades afectadas por encima de las disputas entre ambos gobiernos.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas, Venezuela sigue recibiendo apoyo de distintos países y organismos internacionales. Las autoridades mantienen la coordinación con equipos de emergencia extranjeros para acelerar la atención a los damnificados y avanzar en las tareas de recuperación tras una de las peores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años.

La creciente militarización de Europa vuelve a estar en el centro del debate internacional. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, varios gobiernos europeos han intensificado su discurso contra Rusia, presentando una supuesta amenaza militar del Kremlin como argumento para elevar el gasto en defensa, ampliar capacidades de seguridad y preparar a sus poblaciones para una etapa de sacrificios económicos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó nuevamente las acusaciones de que Moscú planee atacar a la OTAN y aseguró que los dirigentes europeos intentan convencer a sus propios ciudadanos de una amenaza inexistente. “Cálmense, duerman tranquilos, ocúpense de sus propios problemas”, afirmó el mandatario, al señalar que Europa debería prestar más atención a sus crisis internas, al deterioro social y al descontento que crece en sus calles.

La apuesta militarista ya empieza a tener costos visibles. Gobiernos como el de Alemania han advertido a su población que la etapa de prosperidad no puede darse por garantizada, mientras aumentan los presupuestos militares, la deuda pública y las presiones sobre el gasto social. El rearme europeo podría beneficiar a la industria armamentista, pero también amenaza con profundizar las desigualdades entre los países del bloque y reducir recursos destinados a pensiones, subsidios y servicios públicos.

A ello se suma el impacto energético provocado por el abandono de los combustibles rusos baratos, una decisión que ha golpeado la competitividad industrial europea y encarecido la vida de millones de hogares. Para Moscú, la Unión Europea está pagando un alto precio por subordinar su economía a una lógica de confrontación permanente. En lugar de resolver sus problemas estructurales, Europa parece avanzar hacia una economía de guerra que carga sobre sus ciudadanos el costo de una estrategia cada vez más difícil de sostener.

Una organización no gubernamental alemana financiada por las Open Society Foundations, impulsadas por el empresario George Soros, solicitó que el principal partido opositor de Alemania, Alternativa para Alemania, sea declarado inconstitucional. La petición llega cuando la formación se mantiene entre las fuerzas políticas con mayor respaldo en las encuestas y continúa creciendo electoralmente.

La Sociedad para los Derechos Civiles presentó un informe de unas 1,500 páginas en el que sostiene que las propuestas de AfD sobre inmigración, ciudadanía y minorías vulneran principios fundamentales de la Constitución alemana. Según la organización, el partido representa un riesgo para el orden democrático y existen fundamentos suficientes para que el Tribunal Constitucional estudie su prohibición.

La líder de AfD, Alice Weidel, rechazó las acusaciones y calificó el informe como una «auténtica farsa». Además, afirmó que el documento fue elaborado mediante inteligencia artificial y acusó a los partidos tradicionales de intentar eliminar políticamente a la principal fuerza opositora en lugar de enfrentarla en las urnas.

La polémica se produce en medio de una creciente vigilancia sobre AfD por parte de los servicios de inteligencia alemanes y reabre el debate sobre los límites entre la defensa del orden constitucional y la competencia política en una de las principales democracias de Europa.