El gobierno de México y los dueños de gasolineras firmaron de nuevo el acuerdo voluntario que mantiene la gasolina magna en un tope de 24 pesos por litro. La presidenta Claudia Sheinbaum lo anunció en su cuenta de X y explicó que la medida busca proteger el bolsillo de las familias frente a la inflación. En Palacio Nacional, Sheinbaum recibió a los empresarios junto con las secretarias Luz Elena González, Alicia Bárcena y el secretario Édgar Amador Zamora.

El mismo pacto fija el diésel en 27 pesos por litro. Para esta semana el gobierno subió el estímulo fiscal a las gasolinas magna y premium, pero lo bajó para el diésel. Los precios promedio nacionales quedaron en 23.69 pesos para la magna, 28.56 para la premium y 27.02 para el diésel, según datos de PETROIntelligence.

Todo esto ocurre mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán cumple seis meses y sigue alterando el precio del petróleo por la zona del estrecho de Ormuz. Desde marzo el gobierno ha estado subiendo y bajando los estímulos fiscales como quien ajusta el termostato de la casa cada vez que entra o sale un familiar. La volatilidad del crudo ha obligado a estos cambios constantes para que el golpe no llegue directo al surtidor.

Los gasolineros aceptaron mantener los topes sin que nadie tenga que poner multas ni sellos en las bombas. Sheinbaum presentó la renovación como un gesto de apoyo directo a la economía familiar, aunque el precio de la premium subió tres centavos y el diésel bajó uno. El resultado es una especie de tregua semanal que se renueva cada vez que el petróleo decide ponerse dramático.

Al final, el acuerdo parece una negociación eterna entre el gobierno y los empresarios, donde cada ajuste fiscal se celebra como si se hubiera evitado una catástrofe mayor. Nadie sabe cuánto durará esta calma, pero mientras tanto los mexicanos siguen llenando el tanque con la esperanza de que el próximo estímulo no se esfume antes de llegar a la caja.

El gobierno de México y los dueños de gasolineras firmaron de nuevo el acuerdo voluntario que mantiene la gasolina magna en un tope de 24 pesos por litro. La presidenta Claudia Sheinbaum lo anunció en su cuenta de X y explicó que la medida busca proteger el bolsillo de las familias frente a la inflación. En Palacio Nacional, Sheinbaum recibió a los empresarios junto con las secretarias Luz Elena González, Alicia Bárcena y el secretario Édgar Amador Zamora.

El mismo pacto fija el diésel en 27 pesos por litro. Para esta semana el gobierno subió el estímulo fiscal a las gasolinas magna y premium, pero lo bajó para el diésel. Los precios promedio nacionales quedaron en 23.69 pesos para la magna, 28.56 para la premium y 27.02 para el diésel, según datos de PETROIntelligence.

Todo esto ocurre mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán cumple seis meses y sigue alterando el precio del petróleo por la zona del estrecho de Ormuz. Desde marzo el gobierno ha estado subiendo y bajando los estímulos fiscales como quien ajusta el termostato de la casa cada vez que entra o sale un familiar. La volatilidad del crudo ha obligado a estos cambios constantes para que el golpe no llegue directo al surtidor.

Los gasolineros aceptaron mantener los topes sin que nadie tenga que poner multas ni sellos en las bombas. Sheinbaum presentó la renovación como un gesto de apoyo directo a la economía familiar, aunque el precio de la premium subió tres centavos y el diésel bajó uno. El resultado es una especie de tregua semanal que se renueva cada vez que el petróleo decide ponerse dramático.

Al final, el acuerdo parece una negociación eterna entre el gobierno y los empresarios, donde cada ajuste fiscal se celebra como si se hubiera evitado una catástrofe mayor. Nadie sabe cuánto durará esta calma, pero mientras tanto los mexicanos siguen llenando el tanque con la esperanza de que el próximo estímulo no se esfume antes de llegar a la caja.

En el Despacho Oval, Donald Trump se plantó frente a los periodistas y soltó que siente un gran respeto por Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal. Lo dijo con esa cara de quien acaba de descubrir que su suegra viene de visita por un mes entero. Luego añadió que hará lo que tenga que hacer en materia de tasas de interés, como si estuviera decidiendo si pide pizza o tacos a medianoche.

Warsh, por su parte, había advertido en un discurso que el banco central tendrá trabajo extra si los encargados de la política monetaria no están seguros de que la inflación va bajando hasta el dos por ciento. Trump escuchó eso y decidió que ya es hora de presionar el acelerador de las rebajas, aunque sea con el pie izquierdo.

El mandatario ha repetido varias veces que quiere tasas de interés más bajas que las de cualquier otro país del planeta. Según él, Estados Unidos debería tener, con diferencia, las más reducidas del mundo, como si estuviera regateando en el mercado de frutas y no hablando de la economía global.

La escena quedó como una de esas discusiones familiares donde uno pide bajar el termostato hasta que los demás tiemblan, pero nadie se atreve a contradecirlo. Trump insistió en que su opinión es clara y que no va a cambiar de idea aunque le expliquen las consecuencias con gráficos y todo.

Al final, el asunto de las tasas se convirtió en un tira y afloja entre el respeto declarado y la urgencia de ver números más pequeños en la pantalla del banco. Nadie sabe aún quién pagará la cuenta cuando llegue el recibo, pero Trump ya está pidiendo el descuento antes de que sirvan el café.

El dólar estadounidense, esa moneda que antes tenía más fuerza que café de carretera, se encamina a su segundo mes de capa caída. Parece que el billete verde ha decidido adoptar un estilo de vida más relajado, perdiendo un 0.9% de su valor en agosto, que se suma a la paliza del 1.3% que ya había recibido el mes anterior. Acumula más caídas este año que un borracho en una boda, registrando su peor racha desde febrero.

La culpa de este descalabro la tiene una idea brillante del Tesoro de Estados Unidos: acelerar la recompra de su propia deuda. Es una estrategia financiera tan lógica como intentar apagar un incendio con gasolina, o pagar la tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Al parecer, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sorprendió a todos con este plan, provocando que los inversores extranjeros salieran corriendo como si hubieran visto al cobrador de Coppel.

Para añadir más comedia al asunto, tenemos un dúo dinámico que parece no ponerse de acuerdo ni para pedir una pizza. Por un lado, el jefe de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sale a prometer que la inflación volverá al redil del 2%, un nivel que no se ve desde hace más de cinco años. Esto le dio al dólar un breve respiro, como cuando el jefe se va de vacaciones, pero la alegría duró menos que un puente festivo.

Casi inmediatamente, el secretario Bessent salió a recordar que su plan de intervención seguía en pie, echando por tierra el breve optimismo y afirmando que él y Warsh comparten la misma visión, pero probablemente leída en dos idiomas distintos y con los ojos cerrados. Los especuladores, que no tienen un pelo de tontos, redujeron sus apuestas a favor del dólar más rápido que político cambiando de partido.

Ahora, todo el mundo está con el alma en un hilo, esperando el último informe de empleo como si fuera el capítulo final de una telenovela. Si los datos son malos, la Reserva Federal podría pensárselo dos veces antes de subir las tasas. Si son buenos, pondrán a prueba la credibilidad de la Fed, que ya está más cuestionada que la promesa de “en cinco minutos llego”.

La Casa Blanca se convirtió en el escenario del último acto de magia de Donald Trump, quien reunió a ejecutivos de nueve compañías farmacéuticas para anunciar nuevos acuerdos sobre el precio de los medicamentos. En un evento que tuvo más drama que un final de temporada, Trump declaró que las farmacéuticas “nos están estafando, pero eso se acabó”. Con esta frase, básicamente las acusó de robarse hasta los clips de la oficina, pero prometió que su administración pondría fin al abuso.

El truco es simple: las compañías ofrecerán descuentos a los programas estatales de Medicaid para que los precios se parezcan a los que cobran fuera del país. Trump aseguró que con estas nuevas incorporaciones, ya tiene al 90% del mercado farmacéutico en el bolsillo, y que el 10% restante “no tiene otra opción” más que unirse. Una invitación tan cordial como la que le hace el cobrador de Elektra al deudor moroso. A cambio, las empresas prometieron invertir 19.600 millones de dólares en manufactura local.

Mientras tanto, los ejecutivos farmacéuticos, con una sonrisa más forzada que la de un anfitrión de programa matutino, se sumaron al espectáculo. Una de las compañías, CSL, afirmó en un comunicado que el acuerdo le da “mayor certeza” y que no espera “ningún impacto significativo” en sus finanzas. En otras palabras: “gracias por la invitación al circo, presidente, pero nuestras ganancias seguirán tan saludables como siempre”.

Pero, como en todo buen truco de magia, la clave está en lo que no se ve. Estos acuerdos tan aplaudidos no hacen absolutamente nada por los más de 160 millones de estadounidenses que tienen seguro médico a través de sus empleadores. Para ellos, los costos de la atención médica siguen subiendo más rápido que la espuma de la cerveza, mientras sus jefes les pasan la cuenta con primas más altas y beneficios más raquíticos.

Para rematar la faena, no está claro cuánto dinero se ahorrará realmente, ya que Medicaid por ley ya recibe descuentos gigantescos. Un estudio estima que se podrían ahorrar unos 8.000 millones de dólares al año *si* se aplicara a ciertos medicamentos caros. Todo esto mientras otras políticas de la misma administración podrían dejar a 10 millones de personas sin seguro médico. Es una de esas estrategias tan brillantes que te preguntas si el plan es curar a la gente o simplemente reducir la lista de espera de forma permanente.

Amazon, el gigante que sabe lo que compraste el verano pasado, ahora está en el banquillo de los acusados. La Comisión Federal de Comercio (FTC) y 22 estados de EE. UU. le han caído encima con una demanda, acusándolos de tener la mano más larga que un político en campaña. Al parecer, la empresa ha estado cobrando de más a los anunciantes durante años, inflando los precios de sus subastas de anuncios como si fueran un globo en fiesta infantil.

El truco, según la demanda, era un clásico de la casa. Desde 2019, Amazon presuntamente alteró en secreto los precios de sus productos publicitarios estrella, afectando a la friolera de 1.2 millones de clientes. Básicamente, cuando un vendedor pagaba para que su producto apareciera hasta en la sopa, Amazon supuestamente le subía la cuenta por debajo del agua, sin avisar. Una jugada maestra que ni el más astuto de los vendedores de tianguis se atrevería a hacer.

Por supuesto, Amazon ha salido a defenderse con la agilidad de un gato panza arriba. En un comunicado, la compañía asegura que todo es un gran malentendido y que la FTC simplemente no comprende el sofisticado arte de sus subastas. Afirman que su sistema prioriza la relevancia para los compradores, lo que, por pura caridad, mantiene los precios bajos. De hecho, sostienen que les han ahorrado a los anunciantes 8.000 millones de dólares en cinco años, lo que suena a que prácticamente les estaban pagando por anunciarse.

La defensa de Amazon es básicamente: «los anunciantes no se vieron perjudicados, solo son un poco lentos para entender cómo funciona esto y por eso pagaron de más». Una explicación tan convincente como la de un niño con la cara manchada de chocolate negando haberse comido el pastel. Mientras tanto, la FTC ha guardado un silencio que se podría cortar con un cuchillo, probablemente porque están ocupados imprimiendo la demanda en papel tamaño póster.

Este pleito es solo el último capítulo en la telenovela legal entre Amazon y el gobierno. La compañía ya tuvo que pagar 2.500 millones para resolver otra investigación sobre las suscripciones a Prime y tiene pendiente un juicio por monopolio que promete ser más entretenido que una final de fútbol. A este ritmo, la sala de juntas de Amazon va a tener más abogados que ingenieros, y su factura legal podría competir con el presupuesto de un país pequeño.

El dólar estadounidense, esa moneda que antes tenía más fuerza que café de carretera, se encamina a su segundo mes de capa caída. Parece que el billete verde ha decidido adoptar un estilo de vida más relajado, perdiendo un 0.9% de su valor en agosto, que se suma a la paliza del 1.3% que ya había recibido el mes anterior. Acumula más caídas este año que un borracho en una boda, registrando su peor racha desde febrero.

La culpa de este descalabro la tiene una idea brillante del Tesoro de Estados Unidos: acelerar la recompra de su propia deuda. Es una estrategia financiera tan lógica como intentar apagar un incendio con gasolina, o pagar la tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Al parecer, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sorprendió a todos con este plan, provocando que los inversores extranjeros salieran corriendo como si hubieran visto al cobrador de Coppel.

Para añadir más comedia al asunto, tenemos un dúo dinámico que parece no ponerse de acuerdo ni para pedir una pizza. Por un lado, el jefe de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sale a prometer que la inflación volverá al redil del 2%, un nivel que no se ve desde hace más de cinco años. Esto le dio al dólar un breve respiro, como cuando el jefe se va de vacaciones, pero la alegría duró menos que un puente festivo.

Casi inmediatamente, el secretario Bessent salió a recordar que su plan de intervención seguía en pie, echando por tierra el breve optimismo y afirmando que él y Warsh comparten la misma visión, pero probablemente leída en dos idiomas distintos y con los ojos cerrados. Los especuladores, que no tienen un pelo de tontos, redujeron sus apuestas a favor del dólar más rápido que político cambiando de partido.

Ahora, todo el mundo está con el alma en un hilo, esperando el último informe de empleo como si fuera el capítulo final de una telenovela. Si los datos son malos, la Reserva Federal podría pensárselo dos veces antes de subir las tasas. Si son buenos, pondrán a prueba la credibilidad de la Fed, que ya está más cuestionada que la promesa de “en cinco minutos llego”.