La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 31 de agosto que una disposición de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua resulta constitucional, aunque no puede interpretarse como prohibición ni usarse para desincentivar la enseñanza del lenguaje inclusivo en escuelas. El criterio surgió de las acciones de inconstitucionalidad 127/2025 y su acumulada 133/2025. La SCJN aclaró que la norma solo promueve el uso correcto de reglas gramaticales y ortográficas del español, sin autorizar la exclusión de expresiones inclusivas que visibilizan grupos vulnerables y combaten estereotipos.
El Congreso de Chihuahua aprobó la reforma el 7 de octubre de 2025, impulsada por el diputado panista Carlos Olson San Vicente, quien agregó una fracción al artículo 8 de la ley. Durante el debate de más de hora y media, la bancada de Morena, liderada por Óscar Avitia Arellanes, intentó devolverla a la Comisión de Educación, pero la mayoría la rechazó. Colectivos alertaron sobre posibles lecturas de exclusión hacia expresiones no binarias. La SCJN precisó que la enseñanza inclusiva resulta compatible con la perspectiva de género y el enfoque pluricultural, corrigiendo cualquier lectura que pretendiera convertir la norma en veto general.
La lingüista Concepción Company Company fue citada en el dictamen original para argumentar que el lenguaje inclusivo distrae de problemas mayores y que solo el tres por ciento de la gramática depende del sexo del referente. El fallo limita el alcance sin declarar inconstitucional la obligación de respetar ortografía y gramática en educación básica pública y privada.
El resultado deja a las autoridades estatales sin margen para excluir contenidos con perspectiva de género, mientras preserva el énfasis en disciplina lingüística. El episodio muestra cómo una reforma presentada como defensa del español terminó convertida en un recordatorio de que las aulas pueden albergar tanto reglas claras como expresiones que amplían la visibilidad sin romper el diccionario.
