Turquía enfrenta un amplio escándalo financiero después de la intervención de 131 fondos de inversión valorados en alrededor de 17 mil millones de euros, en un caso que afecta a unos 455 mil ahorradores. Las investigaciones incluyen acusaciones de manipulación bursátil, lavado de dinero, asociación criminal y estafa agravada. Más de 200 personas están siendo investigadas y 65 permanecen en prisión preventiva, mientras el caso comienza a alcanzar a figuras relacionadas con el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).
Entre los investigados aparece Muhammed Yariz, un empresario de 28 años que había ocupado un cargo menor dentro de la organización juvenil del AKP y dirigía la firma Pusula Portföy. Fue detenido después de que, según la investigación citada por El País, intentara trasladar a Grecia uno de los yates de su empresa y transfiriera automóviles de lujo a varios conocidos. Las autoridades investigan un esquema mediante el cual determinados fondos habrían invertido en compañías con poca liquidez y elevado rápidamente el valor de sus acciones mediante nuevos inversionistas y préstamos bancarios.
La polémica alcanzó directamente a dirigentes del AKP. La exministra y vicepresidenta del partido Fatma Betül Sayan Kaya dimitió después de conocerse que ella y su esposo habían adquirido acciones por 165 millones de liras y posteriormente las vendieron por 2 mil 170 millones de liras, cerca de 40 millones de euros. También aparecen familiares de funcionarios y dirigentes gubernamentales relacionados con algunas de las sociedades investigadas, aunque las responsabilidades individuales continúan siendo objeto de las pesquisas.
El presidente Recep Tayyip Erdogan prometió que los responsables serán castigados y que los ahorradores afectados recibirán compensaciones, aunque también defendió la reputación de su partido frente a las acusaciones. El caso ha generado críticas de la oposición y de analistas sobre las relaciones entre las élites políticas y económicas turcas. El alcance político definitivo todavía está por determinarse debido a que las investigaciones permanecen abiertas y continúan examinándose las operaciones de los fondos intervenidos.
