El rescate bancario de los años noventa continúa representando una fuerte carga para las finanzas públicas mexicanas. Hasta julio de 2026, los intereses y gastos administrativos asociados al Fobaproa alcanzaron 2 billones 181 mil 485 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda actualizadas por inflación.
Pese a los recursos destinados durante décadas, todavía permanecen pendientes pasivos por un billón 165 mil 351 millones de pesos administrados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). A esa cantidad se suman 35 mil 852 millones correspondientes al programa de apoyo a deudores.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó estas obligaciones como una “deuda impagable” y señaló que cada dos años el presupuesto público destina alrededor de 50 mil millones de pesos al IPAB. Sin embargo, esa cantidad únicamente cubre una parte de los intereses, mientras otras obligaciones requieren contratar nueva deuda.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, ha estimado que los compromisos derivados del rescate podrían extenderse al menos hasta 2057. Aunque su peso relativo disminuyó con el crecimiento de la economía, los pasivos del Fobaproa todavía representaban 6.25 por ciento de la deuda pública en julio de 2026.
