Corea del Norte abrió el miércoles a primera hora con su clásico espectáculo de pirotecnia balística: un misil disparado desde la zona de Wonsan hacia el mar del Japón. El ejército de Seúl lo detectó sobre las seis de la mañana y Japón confirmó que el artefacto ya había caído, sin dar más detalles. Vamos, el equivalente geopolítico a encender un cohete en el patio y gritar “¡mirad lo que sé hacer!” justo antes de que empiecen las fiestas del barrio de al lado.

La coincidencia no es casual. El próximo lunes arrancan once días de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, esas maniobras anuales que Pyongyang detesta y califica de “ensayos de invasión”. El Norte, que colecciona armas nucleares como otros coleccionan imanes de nevera, suele responder con lanzamientos de prueba sincronizados con el principio o el final de los ensayos. Es su forma de mandar un mensaje: “Si vosotros jugáis a la guerra, yo juego a los dardos de largo alcance”.

Mientras Seúl y Washington se preparan para ensayar defensas contra un vecino con mal genio y botón nuclear, Kim vuelve a sacar el catálogo de misiles para recordar que sigue en el mapa y que no le hace ninguna gracia el ruido de tanques ajenos. El misil cae al mar, los comunicados vuelan y el continente asiático se queda otra vez con cara de “otra vez el mismo numerito”.

Al final es la rutina de siempre en la península: unos ensayan cómo defenderse, el otro ensaya cómo molestar, y el resto del planeta mira el reloj esperando que nadie se pase de frenada. Un miércoles cualquiera en el barrio más tenso del planeta, donde hasta los buenos días llegan con estela de misil y amenaza de fuegos artificiales nucleares.

Dos empleados afganos de la misión de Naciones Unidas en Afganistán cayeron en manos de la inteligencia talibana el domingo 9 de agosto en Herat, y nadie les ha contado todavía de qué se les acusa. La ONU confirma la detención, pide verlos y recuerda que sus trabajadores tienen estatus especial. Los talibanes, por su parte, parecen haber optado por la clásica técnica del silencio absoluto: te agarran, te guardan y que la burocracia internacional se rasque la cabeza.

La cosa ocurre justo en vísperas del quinto aniversario del regreso talibán al poder, esa fecha en la que Kabul cambió de dueño más rápido que un mando a distancia en manos de borracho. Mientras la UNAMA publica informes pidiendo que por favor aclaren las normas de arresto, uso de la fuerza y rendición de cuentas, las autoridades locales responden al estilo “normas las justas y explicaciones las mínimas”. Vamos, el diálogo de sordos más predecible del planeta.

En Afganistán las agencias de la ONU siguen intentando hacer de las suyas en salud y ayuda humanitaria, aunque con las reglas de la casa: las mujeres afganas tienen prohibido entrar en locales de la organización (incluidas las que trabajan allí) y la policía de la moral ya detuvo en junio a unos 20 humanitarios cerca de la frontera con Irán porque sus barbas no alcanzaban el largo reglamentario. Los soltaron después, eso sí, una vez comprobado que el vello facial no era arma de destrucción masiva.

El país, castigado por los recortes de ayuda internacional y por la llegada de millones de retornados desde Irán y Pakistán, sigue funcionando bajo una interpretación tan estricta de la ley islámica que hasta el calendario parece llevar turbante. Dos trabajadores de la ONU detenidos sin cargos conocidos se suman a la lista de episodios que convierten cada aniversario talibán en una fiesta con invitado sorpresa… esposado.

Al final queda el retrato de siempre: una misión internacional que intenta operar entre informes y comunicados, y un régimen que prefiere las detenciones express y el misterio. Cinco años de gobierno y la diplomacia sigue tropezando con la misma piedra, mientras en Herat dos tipos esperan que alguien les explique, aunque sea por señas, por qué los metieron en el saco.

El presidente Donald Trump protagonizó en Turquía una escena digna de película de espías rodada con presupuesto de mercadillo: lo sacaron a escondidas del Air Force One metido en un camión de catering antes de que el avión despegara con periodistas y personal a bordo. Todo por una amenaza iraní de asesinato que, según la prensa, tenía pinta de seria. El Washington Post contó que el 8 de julio, con el avión aún en tierra, el equipo de seguridad activó el plan “sálvese quien pueda… empezando por el jefe”.

Trump subió al avión presidencial delante de cámaras y fotógrafos, sonrisa de campaña incluida, mientras dos contenedores de suministro se elevaban con grúas hidráulicas. Luego, como mago de feria, desapareció por uno de esos contenedores y saltó a un avión más pequeño de la Fuerza Aérea que esperaba cerquita. Mientras tanto, una docena de periodistas viajaban en otra sección del Air Force One sin enterarse de nada. Despegaron de Turquía creyendo que iban con el presidente y resultaron ser el señuelo más caro y menos informado de la historia reciente. Algunos se enfadaron soberanamente al descubrir que los habían usado de cebo humano sin avisar. Otros se quejaron de engaño y de que la Casa Blanca les dejó más a oscuras que las persianas que les obligaron a bajar durante el despegue.

Esa orden de bajar las persianas ya olía a raro. Fuera de zona de combate no es normal. Los reporteros mandaron crónicas mencionando la instrucción del Servicio Secreto y después se enteraron de que volaban potencialmente en la mira iraní mientras Trump ya iba en otro lado. El viaje a la cumbre de la OTAN venía con trama previa: Trump había llegado en el lujoso Boeing 747 regalado por Catar, pero como ese no traía sistemas antimisiles decentes, tuvieron que recurrir al Air Force One de siempre. Luego, en una escala en Reino Unido, el presidente volvió al avión catarí para regresar a Washington. Cuando le preguntaron por las persianas, soltó que probablemente iban en un vuelo peligroso “por los sacos de inmundicia con los que tenemos que lidiar” y remató con un “si yo me voy, ustedes se van, ¿verdad?”. Para redondear la delicadeza, sugirió que quizá algún día quisieran cambiar de profesión.

La Casa Blanca aún no ha explicado el cambalache de aviones con detalle. El director de comunicaciones, Steven Cheung, se limitó a decir que hay muchos enemigos de Estados Unidos y que usan todas las herramientas disponibles. Traducción: improvisamos un numerito de escondite en contenedor de comida y los periodistas se enteraron por la prensa. No es la primera vez que pasa algo parecido: Bill Clinton ya cambió de avión en el 2000 camino de Pakistán con un señuelo lleno de agentes, y Joe Biden viajó a Ucrania en 2023 con secreto de confesionario. Pero ninguno se había bajado por la puerta de servicio de un camión de catering como si fuera el repartidor de empanadas presidenciales.

Al final quedó el retrato perfecto del momento: un presidente que entra por la escalerilla principal para la foto y sale por el contenedor de los sándwiches para salvar el pellejo, mientras la prensa vuela de señuelo con las persianas bajadas y cara de “¿y esto con qué se come?”. Seguridad de alto nivel o capítulo perdido de una comedia absurda. En cualquier caso, los iraníes se quedaron sin objetivo y los periodistas sin presidente… pero con una historia que ni en sus peores resacas hubieran inventado.

El expresidente colombiano Gustavo Petro ha mandado una cartita al Senado pidiendo, con toda la solemnidad del mundo, que lo dejen salir del país durante un año completo. Motivo oficial: atender compromisos “de carácter personal, social, político y académico”. Traducción libre: tiene la agenda llena de viajes, charlas, abrazos internacionales y quién sabe cuántas selfies con intelectuales mientras Colombia se queda mirando el avión despegar.

En la misiva, fechada este lunes, el exmandatario invoca el artículo 196 de la Constitución como quien saca el salvoconducto de oro. Quiere la autorización de la Plenaria con vigencia de doce meses “durante todo el año consiguiente al ejercicio de sus funciones como presidente”. Vamos, que acaba de bajar del cargo y ya está pidiendo el pase de un año para no pisar territorio nacional si no le da la gana.

La petición suena tan educada que casi se oye el “por favor” con corbata. Pero el fondo es puro teatro político: el hombre que gobernó el país ahora necesita permiso oficial para irse de gira existencial. Personal, social, político y académico… la combinación perfecta para que nadie sepa exactamente si va a dar clases, a montar mitines, a tomarse un café con amigos poderosos o a reinventarse como pensador global mientras el Senado decide si le sella el pasaporte simbólico.

Mientras tanto, uno imagina a los senadores leyendo la carta entre suspiros y cafés fríos, calculando si firmar es un trámite burocrático o el prólogo de una telenovela donde Petro aparece en cada rincón del planeta menos en Colombia. Un año es mucho tiempo. Suficiente para dar la vuelta al mundo, escribir tres libros, inaugurar cátedras y volver diciendo que extrañó el sancocho. O no volver tan rápido. El Senado tiene la palabra… y Petro, la maleta mental ya hecha.

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha salido a la palestra digital para anunciar que está escarbando en los cajones legales del Gobierno federal a ver si encuentra alguna herramienta con la que parar el impuesto a las segundas residencias de lujo en Nueva York. Ese gravamen que inventó el alcalde Zohran Mamdani y que un juez ya puso en pausa temporal, como quien le quita el micrófono al cuñado en plena sobremesa.

Según el propio Trump en su red social, este “desastre” le está costando una fortuna a la ciudad y al Estado, porque el dinerito que se recauda es una miseria comparado con lo que dejan de pagar las decenas de miles de personas que salen pitando hacia Florida, Texas y cualquier sitio donde no te miren raro por tener más casas que calcetines. “¡Esos estados se están forrando!”, ha soltado, mientras pinta Nueva York como un futuro basurero decadente, lleno de delincuencia y convertido en el hazmerreír del planeta. Vamos, que según él la Gran Manzana se va a quedar más chafada que churro del día siguiente.

El presidente se declara incapaz de quedarse de brazos cruzados mirando cómo se hunde “un lugar que una vez amé”, y de propina lanza una pulla a los “yihadistas de la izquierda radical” por los peajes de congestión. Todo muy sutil, como un ladrillazo envuelto en papel de regalo. El mensaje llega justo después de que el juez Wayne Ozzi, de Staten Island, ordenara al Departamento de Finanzas borrar el registro de 960.000 propiedades y prohibiera seguir molestando a los 17.000 dueños que ya habían recibido la cartita del susto. La tregua judicial dura al menos hasta el 31 de agosto.

El impuesto, que había arrancado el 1 de julio, apunta a viviendas de 5 millones de dólares para arriba y a coops y condominios de al menos un millón, siempre que no sean la residencia principal del dueño. La Alcaldía lo vende como un toque de atención a los ultrarricos de fuera y a las élites globales que usan los pisos neoyorquinos como hucha gigante en lugar de hogar. Esperaban sacar 500 millones de dólares al año. Trump, en cambio, lo ve como el principio del apocalipsis inmobiliario: primero se van los que pagan, luego llega la ruina y al final la ciudad se convierte en decorado de película de catástrofes. Y él, como presidente, no está dispuesto a mirar el espectáculo con palomitas.

En resumen: pelea de titanes entre el magnate que colecciona torres y el alcalde que quiere cobrarle el extra a quien tiene casa de más. Nueva York, esa eterna telenovela donde hasta los impuestos salen con drama, gritos y amenaza de mudanza masiva.