Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizar una investigación penal contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y todos los funcionarios involucrados en la llamada “junta de autoridades”, en la que según el último informe de la Comisión para la Verdad y Justicia se acordó la llamada “verdad histórica”.
Desde a las afueras del Campo Militar 1-A, los padres de los normalistas y su abogado, Vidulfo Rosales, señalaron “que el informe presentado ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, les da la razón sobre que autoridades de distintos niveles de gobierno participaron en la desaparición de los estudiantes.”
Por lo cual, acusaron que el ex procurador, Jesús Murillo Karam, y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y aseguran que no pudieron haber actuado por su cuenta para la creación de la verdad histórica.
“Por primera vez se señala la responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto y más funcionarios que ahí se mencionan ya los nombres, pedimos a las autoridades correspondientes hacer su trabajo para que nosotros podamos alcanzar la verdad y la justicia”.
(padre de uno de los estudiantes desaparecidos,Emiliano Navarrete)
El abogado Vidulfo Rosales recordó que según el informe presentado este 27 de septiembre, el ex mandatario federal encabezó la reunión donde se fraguó la versión oficial de su gobierno sobre la muerte de los normalistas.
“Estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y sancione a las personas que aparecen ahí, incluido, por supuesto, el presidente
Nosotros creemos, lo hemos dicho, que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la verdad histórica se tienen que investigar penalmente”.
(abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales)
En ese sentido, los padres también rechazaron la versión publicada por el gabinete de seguridad y solicitaron al gobierno federal que este documento sea eliminado de internet y redes sociales porque criminaliza a sus hijos.
Asimismo, los padres anunciaron que levantarán el plantón que duró una semana en la puerta 1 del Campo Militar 1-A del Ejército para continuar con los diálogos con el gobierno federal sobre la entrega de la información que han solicitado, con el objetivo de esclarecer el caso de la desaparición de los 43 estudiantes.
Sin embargo, manifestaron que si el Ejército mexicano no entrega la información que han solicitado, volverán a instalar el plantón.
“Hemos decidido levantar este plantón, igual esperando que la voz del señor Alejandro Encinas tenga hueco y perfore esta puerta para que esta documentación sea entregada y que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sea el obstáculo principal”.
(Delegado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Emilio Navarrete)
Al ser cuestionados sobre si también se podría investigar a funcionarios de la presente administración, el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, señaló que aún faltan diez meses de su gestión para analizarlo. No obstante, señaló que el GIEI ya había estimado que existían elementos para denunciar a personal militar por negar información existente.
“Los integrantes del GIEI antes de irse ya habían considerado, y lo habían transmitido a los padres, que estimaban que ya se satisfacían los extremos para presentar denuncias por obstrucción a la verdad y a la justicia. Habría que ver la figura penal respecto de algunos elementos del Ejército responsables en la actual administración de responder a los requerimientos de información”, explicó.
