El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la necesidad de reformas en el Poder Judicial del país. Afirmó que la modificación del presupuesto del Poder Judicial es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y reiteró que en parte este presupuesto financia altos sueldos y prestaciones de jueces y magistrados.
El presidente explicó que el procedimiento establece que el Poder Judicial y otros órganos autónomos presentan sus propuestas presupuestarias a la Secretaría de Hacienda, la cual las envía sin modificaciones al Congreso. Mencionó que el Ejecutivo no puede alterar el presupuesto del Poder Judicial, pero la Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de hacerlo.
López Obrador criticó la percepción de salarios mensuales de hasta 700 mil pesos, así como prestaciones onerosas, por parte de jueces, magistrados y ministros, lo que consideró una violación a la Constitución. Subrayó que estas cifras exceden lo que ganan la mayoría de los trabajadores y hasta gerentes de empresas en el país.
Ante esta problemática, el mandatario reafirmó su propuesta de que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos democráticamente por la ciudadanía, como una forma de corregir el sistema y orientarlo hacia el beneficio de la sociedad en lugar de los intereses de una élite.
López Obrador enfatizó que para llevar a cabo una reforma constitucional en este sentido se requiere una mayoría calificada de dos tercios de los votos en el Congreso de la Unión. Subrayó la importancia de las próximas elecciones legislativas en 2024 para avanzar en esta dirección.
En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente presentó un caso específico para respaldar sus argumentos. Mencionó a Ricardo Márquez Blas, excolaborador de Genaro García Luna, quien ostenta un sueldo bruto mensual de más de 122 mil pesos, además de numerosas prestaciones cubiertas por fondos públicos. López Obrador destacó que Márquez Blas fue contratado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández.
El presidente hizo un llamado a la transformación del Poder Judicial, alegando la necesidad de renovación debido a la corrupción presente en la institución y a los excesos que la caracterizan. Concluyó reiterando su compromiso con un proceso de reforma que garantice un Poder Judicial más transparente y orientado hacia el servicio del pueblo mexicano.
