Parece que al gobierno peruano se le acabó la paciencia y finalmente descubrió lo que el resto del país ya sabía: que las cárceles de alta peligrosidad funcionaban más como un centro de operaciones con todo incluido que como un lugar de castigo. En una movida digna de un padre harto de que su hijo no suelte la consola, han declarado estado de emergencia y mandado a la policía y al ejército a poner orden, como quien entra a un cuarto de adolescentes a confiscar los celulares.
Durante los próximos 60 días, los recintos penitenciarios estarán bajo un nuevo régimen que suena a paranoia de película de espías. Las fuerzas del orden no solo tomarán el control físico, sino que también se encargarán de «garantizar el espacio aéreo y el espectro electromagnético». Así es, se acabaron los pedidos de pizza por dron y las maratones de series con el wifi robado del vecino. El gobierno quiere asegurarse de que la única señal que salga de ahí sea la de humo cuando se les queme el arroz.
La medida, según un comunicado más serio que un contador en abril, busca desmantelar a las «organizaciones criminales que dirigen sus delitos desde las cárceles». Resulta que casi el 50% de los capos del crimen organizado estaban gestionando sus negocios desde la comodidad de su celda, probablemente en teleconferencias y con un cafecito. Mientras tanto, afuera, la tasa de homicidios subía más rápido que el precio del aguacate, con secuestros tan descarados como el de unos sicarios disfrazados de policías, un clásico del guardarropa criminal.
Para rematar el sainete, el gobierno ha pedido al Congreso superpoderes por 120 días para, entre otras cosas, etiquetar a estas bandas como «terroristas», porque «delincuentes de alto calibre» ya no asustaba a nadie. La presidenta Keiko Fujimori, desempolvando el manual de «mano dura» de su padre, quiere demostrar quién manda. La oposición, por su parte, mira el plan con la misma confianza que uno le tiene a un primo que te pide dinero prestado por quinta vez. La gran pregunta es si los militares lograrán poner orden o si en dos meses los reos ya les estarán vendiendo un plan de datos «liberado».
