La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió las medidas de vigilancia contra el lavado de dinero relacionadas con personas políticamente expuestas (PEP). Las nuevas reglas ya no contemplan únicamente a políticos y funcionarios mexicanos, sino también a servidores públicos extranjeros, familiares cercanos y socios de empresas que mantengan vínculos patrimoniales con funcionarios.
Las modificaciones forman parte de las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Uno de los principales cambios establece que la vigilancia reforzada dejará de ser responsabilidad exclusiva de los bancos y deberá extenderse a todas las personas y negocios que desarrollen actividades consideradas vulnerables.
Entre los sectores involucrados aparecen casinos y sorteos, tarjetas de servicios y crédito, cheques de viajero, desarrolladores inmobiliarios, comercializadores de arte y automóviles, empresas dedicadas al traslado de valores, notarios, asociaciones civiles y plataformas relacionadas con activos virtuales. Estos participantes deberán identificar y dar seguimiento a operaciones vinculadas con funcionarios, familiares y socios.
La regulación considera políticamente expuestos a jefes de Estado, líderes políticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales y militares, así como directivos de empresas estatales y miembros relevantes de partidos. Para funcionarios mexicanos, esta clasificación permanecerá durante un año después de abandonar el cargo y abarcará también a cónyuges, parejas y familiares hasta segundo grado.
