Durante años, comunidades de El Salvador como la Campanera, en las afueras de San Salvador, estuvieron marcadas por asesinatos y enfrentamientos entre pandillas. Sus habitantes recuerdan cadáveres abandonados en las calles y una vida condicionada por organizaciones como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), cuya disputa contribuyó a que el país alcanzara una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
La situación comenzó a transformarse con la implementación del régimen de excepción impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. La estrategia, respaldada por una Asamblea Legislativa dominada por sus aliados, otorgó mayores facultades a las fuerzas de seguridad para combatir a las pandillas y permitió realizar detenciones sin orden judicial, además de mantener a sospechosos encarcelados durante periodos prolongados antes de una acusación formal.
La ofensiva modificó profundamente la vida cotidiana en comunidades que durante décadas estuvieron bajo el control de grupos criminales. Calles y barrios anteriormente asociados con homicidios y violencia recuperaron tranquilidad, mientras el poder territorial de las pandillas disminuyó. Sin embargo, organizaciones y familiares de detenidos han denunciado arrestos de personas que aseguran no tenían relación con estructuras criminales.
El cambio ha generado una nueva realidad para los salvadoreños. Para muchos habitantes, la reducción de la violencia representa una transformación histórica después de años dominados por las pandillas. Para otros, el temor no desapareció completamente, sino que cambió de origen ante la posibilidad de detenciones arbitrarias y las limitaciones para acceder rápidamente a una defensa bajo el régimen de excepción.
