En Ecuador, parece que la política es el negocio familiar más rentable, y el expresidente Lenín Moreno acaba de dar una clase magistral sobre cómo no ser discreto. Un juez lo ha declarado culpable de cohecho por, presuntamente, haberle echado una manita a la empresa china Synohydro para que ganara el contrato de la hidroeléctrica más grande del país. A cambio de este pequeño favor, Moreno y su círculo más cercano se habrían embolsado más de un millón de dólares, demostrando que la energía hidroeléctrica puede ser sorprendentemente lucrativa.

Pero esperen, que esto se pone mejor. El plan no fue una operación de un solo hombre, sino una verdadera empresa familiar. La esposa y la hija de Moreno también fueron declaradas culpables en calidad de cómplices. Su papel, según la justicia, fue el de prestar amablemente sus cuentas y patrimonio para que los sobornos tuvieran un lugar calentito donde aterrizar sin levantar sospechas. Una conmovedora historia de unión familiar en torno a un proyecto común: el lavado de activos.

Por supuesto, Moreno, con la serenidad de quien no ha roto un plato en su vida, declaró a la prensa que no ha recibido «un solo centavo». Una defensa tan sólida como un flan, especialmente cuando la fiscalía sostiene que el total de los sobornos repartidos por la empresa china asciende a la estratosférica cifra de US$76,1 millones. Al parecer, ese dinero se evaporó en el aire o se lo comió el perro, porque según el expresidente, a sus bolsillos no llegó nada.

La fiscalía describió una operación digna de una película de espías de bajo presupuesto. El dinero se movía a través de un laberinto de cuentas en paraísos fiscales y empresas fachada, fragmentando el botín para que fuera más difícil de rastrear. Básicamente, se dedicaron a esparcir el dinero por el mundo como si estuvieran echando migas de pan, esperando que nadie se diera cuenta del festín que se estaban dando. Una obra maestra del disimulo que tardó siete años en ser descubierta.

Ahora, la fiscalía pide una modesta pena de seis años y medio de prisión para los 21 imputados en este enredo. Todo este escándalo estalló gracias a una investigación periodística, demostrando una vez más que no hay nada como un buen chismoso con libreta para arruinarle el negocio a toda una familia. Al final, la hidroeléctrica no solo generó electricidad, sino también un escándalo de proporciones épicas.

Atención, oficinistas y proletarios de la patria, porque se acerca septiembre, ese glorioso mes donde el aire huele a pozole, la cartera tiembla por el tequila y el calendario nos juega una mala pasada. Para el lejano 2026, el Grito de Independencia caerá en un martes por la noche y el día de descanso oficial, el 16 de septiembre, será un miércoles. Así es, un día feriado clavado a mitad de la semana, perfecto para cortar cualquier racha de productividad y garantizar que el jueves llegues a la oficina con una resaca de proporciones épicas.

La Ley Federal del Trabajo, ese libro sagrado que tu jefe usa para calzar una mesa coja, es muy clara al respecto. El martes 15 de septiembre, aunque te la pases en la fiesta del pueblo, es un día laboral como cualquier otro, así que más te vale no llegar tarde. Pero el miércoles 16 es de descanso obligatorio, un regalo divino para darle cristiana sepultura a la dignidad que perdiste la noche anterior. Es el día oficial para recuperarse en el sofá y jurar no volver a mezclar destilados.

Sin embargo, todos conocemos a ese tipo de jefe que cree que la patria se construye sin descansos y te pide «amablemente» que te presentes a trabajar en pleno día feriado. Si eres uno de los desafortunados elegidos para este sacrificio, no todo está perdido. La ley, en un raro acto de justicia poética, estipula que tu empleador debe pagarte tu salario normal más un salario doble adicional. En resumen: ¡pago triple, señoras y señores!

Para que te des una idea del milagro financiero, hagamos cuentas de servilleta. Si ganas el salario mínimo de 2026, que sería de unos MXN$315,04 diarios, por trabajar el 16 de septiembre deberías recibir la jugosa cantidad de MXN$945,12. Con ese fregadazo de lana, podrías comprarte un águila real o al menos invitarle la cena a toda la familia. De repente, sacrificar un día de descanso por la patria (y por tu bolsillo) no suena tan mal.

Así que si tu jefe se hace el desentendido y pretende pagarte lo de un día cualquiera, no te dejes. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) existe precisamente para estos actos de tiranía patronal. Una llamadita al 079 y un equipo de vengadores legales te asesorará para reclamar lo que es tuyo por derecho. Porque una cosa es dar el grito por los héroes que nos dieron patria, y otra muy distinta es dejar que te vean la cara.

Justo cuando pensábamos que la política no podía volverse más un circo, una jueza federal ha decidido aguarle la fiesta al Servicio Postal de Estados Unidos y, de paso, al mismísimo Donald Trump. Resulta que tenían un plan maestro para ponerle más trabas al voto por correo, pero la jueza Indira Talwani, desde Boston, les ha puesto un alto temporal. Básicamente, les ha dicho que guarden sus nuevas y brillantes reglas en un cajón mientras ella decide si son una genialidad o una soberana tontería inconstitucional.

La jueza consideró que los estados, quienes se quejaban amargamente de este nuevo dolor de cabeza, probablemente tenían razón. Cumplir con las nuevas directrices antes de las elecciones de mitad de legislatura de 2026 sería «prácticamente imposible». Es como si tu profesor cambiara las reglas del examen final la noche anterior y además te pidiera que lo entregaras escrito en arameo antiguo. Talwani remató diciendo que no había ni una sola prueba de fraude electoral, por lo que el plan del Servicio Postal parecía un intento de arreglar un problema que no existe.

Las normas recién salidas del horno le daban al Servicio Postal el superpoder de devolver las boletas si no les gustaba el diseño del sobre o si la información del votante no estaba en un portal federal. Imaginen el caos: miles de votos rebotados porque a un burócrata no le pareció lo suficientemente estético el sobre. Los estados, que llevan décadas organizando esto, se encontraron con que de la noche a la mañana tenían que rediseñar todo su sistema para satisfacer una ocurrencia de último minuto.

Esto, por supuesto, ha dejado a los funcionarios electorales locales en un limbo, sudando la gota gorda. Un director electoral de Carolina del Norte confesó que tenía mil boletas listas para enviar, pero que estaba esperando a ver si el pleito legal se resolvía antes de lamer los sobres. Otro funcionario de Georgia fue más directo, calificando de «locura» el intento de implementar estos cambios en solo 70 días, una opinión que probablemente comparten todos los que no viven en la Casa Blanca.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia defendió el plan diciendo que los estados estaban montando un drama con «hipótesis apocalípticas», porque al parecer, el riesgo de que miles de ciudadanos no puedan votar es solo un pequeño detalle. Así que, mientras los abogados discuten, los encargados de las elecciones juegan a la estatua, esperando a ver quién gana en este ridículo pulso entre la lógica y un capricho presidencial.

Parece que en las oficinas de Meta, después de recibir un manotazo legal que les va a costar un ojo de la cara, alguien tuvo una epifanía mientras se servía un café carísimo: ¡volvamos a gastar una fortuna en anuncios de periódico! La empresa de Mark Zuckerberg se ha puesto el disfraz de monaguillo arrepentido y ha lanzado una campaña para exigirle públicamente a sus archirrivales, TikTok y YouTube, que se unan a su nuevo club de «protección de adolescentes». Es una jugada tan conmovedora que casi se nos olvida que todo esto empezó porque los pillaron con las manos en la masa.

El drama se desató tras un acuerdo histórico con varios estados de Estados Unidos, donde Meta aceptó pagar hasta la friolera de US$18,000 millones por no cuidar bien a sus usuarios más jóvenes en Instagram y Facebook. Pero aquí viene la genialidad, el giro de guion digno de un genio del mal: el acuerdo estipula que Meta solo soltará una parte del dineral a menos que sus competidores se pongan el mismo chaleco de fuerza. Es la versión corporativa del clásico «si me castigan a mí, los castigan a todos», una verdadera obra maestra de chantaje con aires de responsabilidad social.

Así que ahí los tienen, publicando anuncios a toda página en los periódicos más importantes, con un mensaje que suena a un lloriqueo de telenovela: «no podemos hacerlo solos». Meta argumenta que si ellos restringen el tiempo de los adolescentes en sus plataformas, los chamacos simplemente huirán en estampida hacia TikTok o YouTube. Básicamente, su defensa es que no pueden dejar de ser adictivos si los demás siguen siéndolo, lo cual es una lógica impecable si tu objetivo es no perder ni un céntimo.

Por supuesto, TikTok y YouTube no son precisamente unos santos y también tienen sus propios pleitos legales por los mismos temas. El fiscal general de California ya adelantó que la idea es que todos los jugadores del patio, incluyendo a Snap Inc., se sienten en la silla de los castigados. Meta solo está tratando de acelerar el proceso, arrastrando a los demás al lodo para no sentirse tan solos y, de paso, ahorrarse unos miles de millones.

Esta no es la primera vez que la empresa saca la chequera para comprar una página de periódico y pedir perdón; ya lo hicieron en 2018 con el escándalo de Cambridge Analytica. Es su método de confianza: primero la riegan a escala planetaria y luego actúan como el presidente de la asociación de padres preocupados. Porque, al parecer, si el problema es digital, la solución es gastar una millonada en papel impreso. Lógica de multimillonarios, supongo.

La Secretaría de Hacienda reportó que en los primeros siete meses del año los ingresos por impuestos quedaron congelados en poco más de 3.4 billones de pesos. El golpe principal llegó del Impuesto sobre la Renta, que bajó 6 por ciento real y se quedó en 1.77 billones. Las empresas, esas personas morales que tanto presumen de ganancias, pagaron menos y dejaron un hueco de casi 96 mil millones de pesos respecto a lo planeado.

El gobierno intentó compensar el desastre con el IVA, que subió 9.9 por ciento, y con el IEPS, que avanzó apenas 2 por ciento. Hasta las importaciones aportaron un 8.1 por ciento más. Mientras tanto, el petróleo aportó 608 mil 564 millones de pesos, un aumento de 10.7 por ciento que salvó un poco el pellejo. Aun así, los ingresos totales apenas crecieron 0.9 por ciento y terminaron 170 mil millones por debajo de lo presupuestado.

El gasto público, por su parte, subió 3.5 por ciento y llegó a 5.7 billones de pesos. El detalle incómodo es que también se gastó 438 mil millones menos de lo autorizado, como si el gobierno hubiera decidido ahorrar en secreto. El resultado fue un déficit de 727 mil 533 millones de pesos en los requerimientos financieros del sector público.

En resumen, las empresas redujeron su contribución, los trabajadores mantuvieron el ritmo con sus sueldos y el petróleo hizo de bombero. Hacienda presume que todo está bajo control, aunque las cifras muestren que el dinero entra por un lado y se queda corto por el otro. Al final, el fisco parece un mesero que cobra la cuenta pero siempre recibe propina incompleta.