En una conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó enérgicamente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó por completo el Plan B de la reforma electoral, acusando al Poder Judicial de trabajar a favor de «una minoría rapaz» y de entrometerse en las facultades del Poder Legislativo. Ante esta situación, el mandatario reveló cuál sería su nueva estrategia para lograr la aprobación de la iniciativa.
AMLO descartó la emisión de un decreto por parte de su gobierno para llevar a cabo las reformas del Plan B electoral, pero planteó dudas sobre si la Corte tiene las facultades para intervenir en los procesos internos del Congreso de la Unión. Según sus palabras, lo que la SCJN hizo fue «corregirle la plana» a otro poder, similar a si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, magistrados y ministros corruptos. En ese sentido, el presidente solicitó aclarar si la Corte tiene la potestad de intervenir en los asuntos internos de otro poder.
Además, AMLO reveló que propondrá una iniciativa de reforma constitucional para que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos directamente por la población. Según sus palabras, enviará esta iniciativa al Congreso esperando que exista una mayoría calificada morenista que impulse la transformación y purificación definitiva del Gobierno, y que se retome el modelo en el cual el pueblo elegía a los integrantes del Poder Judicial, similar a lo que ocurría en la época del presidente Juárez.
El mandatario federal también hizo referencia a las supuestas violaciones constitucionales por parte de los ministros de la SCJN. Mencionó que estos funcionarios ganan sueldos mucho más altos que el del Presidente de la República, violando así el artículo 127 de la Constitución. Asimismo, criticó el manejo de un fideicomiso de 20 mil millones de pesos utilizado para viáticos y privilegios personales.
La SCJN, con nueve votos a favor y dos en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, invalidó la segunda parte de la iniciativa de López Obrador, que incluía la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Previamente, el 8 de mayo, se había aprobado la invalidación de la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, correspondientes a la primera parte del Plan B del presidente.
Ante la discusión en la Corte, el presidente había advertido previamente sobre el rechazo del Poder Judicial a su intento de reformar el Instituto Nacional Electoral (INE), acusando a la Ministra Presidenta Norma Piña de invadir las facultades del Poder Legislativo y lamentando que el debate de los magistrados no abordara el fondo del asunto.
El 21 de junio, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República también descalificó de antemano la posible inconstitucionalidad de la iniciativa, señalando que si la SCJN la aprobara, se estaría convirtiendo en una simple oficina de verificación, según un comunicado emitido.
