La algarabía en el Partido de los Trabajadores duró lo que tarda un político en prometer sin firmar. Apenas bajaron los fuegos artificiales, un informe de la Fundación Mediterránea advirtió que sin recortar la indexación del gasto, la deuda saltará al 105 por ciento del PIB para 2030 y convertirá cualquier inversión privada en un experimento de supervivencia.
Para frenar esa carrera, el estudio calcula que Brasil necesita bajar el costo financiero de sus pasivos y mejorar el resultado primario en serio. El ajuste exigido ronda los tres puntos del PIB durante varios años, algo que suena más fácil que convencer a un hincha de fútbol de que su equipo perdió por culpa del árbitro.
El déficit actual ya llega al 9,4 por ciento del PIB cuando se suman los intereses. Las únicas señales de contención que se vislumbran son recortes en beneficios de profesionales liberales, un grupo que paga menos impuestos que los asalariados pero que no mueve la aguja lo suficiente.
El gobierno de Lula planea emitir bonos en el mercado internacional para aliviar los vencimientos internos, aprovechando que la deuda externa apenas representa el 10 por ciento del PIB. Aun así, el documento advierte que estos paliativos no impedirán que la deuda total siga creciendo como una cuenta de restaurante sin límite de tarjeta.
Más del 90 por ciento del gasto primario federal es obligatorio, mientras que el gasto discrecional real apenas llega al 0,3 por ciento del PIB. Cerrar ministerios o recortar papel de oficina no alcanza, y cualquier ajuste serio exige discutir indexación de jubilaciones, salario mínimo y pisos constitucionales, temas que prometen peleas más largas que un clásico entre Boca y River.
