La ex candidata presidencial del correísmo ha descubierto que la cárcel no es un hotel de cinco estrellas ni un retiro espiritual. Un juez decidió enviarla al Cuartel Modelo de Guayaquil justo cuando faltan semanas para las elecciones locales, como si el sistema judicial ecuatoriano hubiera decidido jugar al Tetris con los opositores antes del 29 de noviembre.
El caso, bautizado como Laberinto, suena más a telenovela de las cuatro que a investigación seria. Según la Fiscalía, medio millón de dólares apareció en la campaña de 2023 como por arte de magia, supuestamente traído en efectivo desde Venezuela. El testigo estrella es Santiago Díaz, un ex asambleísta que ya cumple 29 años por violar a una menor y que ahora resulta ser el nuevo experto en contabilidad del correísmo. Su palabra, sin pruebas, bastó para que el juez ordenara prisión preventiva también para él y para Wendy Onofre.
Mientras tanto, Estefanía Molina, otra implicada, se salvó con grillete electrónico y presentaciones periódicas, como si la justicia le hubiera dicho: “Tú te quedas en casa, pero no salgas ni a comprar pan”. González, que ya enfrenta 19 procesos, declaró en audiencia que siempre ha regresado al país cuando ha viajado. El argumento no convenció al juez, que prefirió creer que el dinero de la publicidad electoral creció solo en el jardín de la Revolución Ciudadana.
La defensa insiste en persecución política y promete que no se rendirán. El correísmo, mientras tanto, queda fuera de las elecciones de alcaldes y prefectos porque el Tribunal Contencioso Electoral ya le había suspendido la personería jurídica. En resumen, Luisa González se va presa, el expresidente Correa sigue criticando desde Bélgica y Noboa sigue gobernando con mano dura. El público, como siempre, se queda mirando el espectáculo preguntándose si esto es justicia o simplemente otro capítulo de la serie “Ecuador: el país donde hasta el dinero viaja sin pasaporte”.
