En la frontera de la Amazonía, una ciudad llamada Novo Progresso ha decidido que el peor enemigo no es el crimen ni la pobreza, sino los árboles. La vicealcaldesa Rosana Gonzaga lo explica sin rodeos: llevan años peleando contra el medio ambiente como quien discute con la suegra en Navidad. Según ella, Lula y Marina Silva son los villanos que les quitaron las tierras para convertirlas en parques donde no se puede ni toser sin permiso.
Los bolsonaristas locales ya imprimieron camisetas con el número 90 y organizaron una caravana de camionetas, motos y excavadoras que parecía desfile de fin de mundo. Quieren que Flávio Bolsonaro gane por goleada allí y les entregue la regularización de casi medio millón de hectáreas. O sea, quieren que el Estado les firme los papeles de terrenos que ocuparon primero y preguntaron después.
La historia es tan vieja como Brasil: alguien llega, tala, inventa documentos y espera que algún político le dé la bendición. Jair Bolsonaro no legalizó mucho, pero aflojó tanto la fiscalización que la deforestación en el Bosque Nacional de Jamanxim se duplicó. Ahora Lula la bajó un 86% y los locales están furiosos, como si les hubieran quitado el derecho sagrado a quemar todo antes de que llegue el inspector.
Flávio promete “la mayor regularización de tierras que Pará haya visto”. Traducido: van a convertir el bosque en potrero y le van a poner nombre a cada terrenito. Mientras tanto, el alcalde local, que no es fanático de Bolsonaro, advierte con cuidado: “Ojalá esta expectativa no termine en una carrera por deforestar como si el bosque fuera oferta del supermercado”.
En Novo Progresso ya no se habla de cambio climático ni de Acuerdo de París. Se habla de quién les deja talar en paz y quién les pone multas por hacer lo que llevan haciendo desde que sus abuelos llegaron con hacha y sin título. El domingo votan. Los árboles, por ahora, siguen sin derecho a voto.
