La Suprema Corte de Justicia de la Nación firmó un convenio con el INE, el Tribunal Electoral, el INPI y el INALI para que los pueblos indígenas y afromexicanos ejerzan sus derechos electorales en su propio idioma. Con 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes, la democracia mexicana parecía un partido de fútbol donde nadie entiende las reglas porque el árbitro habla otro dialecto.
El acuerdo crea un sistema permanente de intérpretes certificados en vez de soluciones improvisadas cada tres años. Hugo Aguilar Ortiz recordó que un derecho que no se entiende simplemente no existe, mientras Frida Denisse Gómez Puga insistió en que la asistencia lingüística debe activarse como un botón de emergencia institucional y no como favor personal. Adelfo Regino Montes vinculó el pacto con el nuevo artículo segundo constitucional y las 82 asambleas regionales en marcha. El INE ya cuenta con especialistas en al menos ocho lenguas y ahora sumará más para el proceso federal 2026-2027.
Veintitrés punto dos millones de personas se reconocen como indígenas y más de siete millones hablan alguna lengua originaria. El convenio, vigente hasta 2030, busca que materiales, campañas y juicios electorales dejen de ser jeroglíficos para quienes viven en hogares indígenas. Irving Espinosa Betanzo resumió que una justicia que ignora el contexto social simplemente falla.
Al final, las instituciones lograron que la diversidad lingüística deje de ser excusa y se convierta en requisito de operación. La urna ya no necesitará subtítulos para que todos participen sin que nadie tenga que adivinar qué demonios se está votando.
