La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto sanciones a 13 empresas de un total de 19 involucradas en actos de colusión mientras prestaban servicios integrales de laboratorio clínico y bancos de sangre, según informó el titular de la dependencia, Roberto Salcedo Aquino. Estas acciones forman parte de la política de cero corrupción implementada por el gobierno.
El modus operandi consistía en acuerdos ilícitos para la distribución de contratos mediante la omisión de datos, con el objetivo de que las empresas acordadas previamente resultaran ganadoras. Además, seis de las 19 compañías cometieron prácticas monopólicas, detalló el funcionario.
Las sanciones impuestas por la SFP incluyen 24 inhabilitaciones, con duraciones que van de uno a siete años, para participar en procesos públicos licitatorios, así como multas que suman casi dos mil millones de pesos. En cuanto a las seis empresas restantes, actualmente se encuentran en curso 23 investigaciones, según se destacó en una conferencia de prensa matutina junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
De las sanciones y multas impuestas, ocho han sido confirmadas, mientras que las 16 restantes están pendientes de resolución judicial debido a que las empresas han interpuesto recursos legales y tácticas dilatorias para evitar las sanciones.
Esta situación ha permitido que las empresas involucradas en irregularidades continúen participando en procesos de contratación, ya que legalmente no se puede impedir su participación hasta que se resuelvan las impugnaciones.
Con el objetivo de contrarrestar esta problemática, la Secretaría de la Función Pública está revisando la documentación de los licitantes en busca de situaciones anómalas o de simulación. Además, se está evaluando un proyecto de reforma legislativa para identificar a los beneficiarios finales de las operaciones.
En relación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se está llevando a cabo un proceso para que los servicios de estudios de laboratorio clínico y bancos de sangre sean prestados directamente por el Instituto, con el fin de asegurar mejores condiciones para el Estado y elevar la calidad de los servicios de salud, tal como lo establece el artículo 134 constitucional.
La Secretaría de la Función Pública promueve y orienta a las empresas en la implementación de controles internos y programas de integridad, y pone a disposición el Padrón de Integridad Empresarial.
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, explicó que se ha rediseñado la licitación pública para no limitar la participación de los interesados. Esto implica dividir los servicios en un mayor número de partidas para fomentar la participación de empresas locales. Asimismo, se eliminó el requisito de la carta de apoyo del fabricante de los equipos médicos, ya que esto solo permitía la participación de grandes empresas a través de acuerdos previos con los fabricantes.
El IMSS ha detectado el interés de empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública en participar en licitaciones, pero la ley prohíbe evaluar propuestas de empresas impedidas o inhabilitadas bajo ninguna circunstancia, enfatizó Robledo Aburto.
El proceso actual de licitación pública para los servicios de laboratorio clínico y bancos de sangre permite la participación de empresas internacionales, nacionales y locales, siempre bajo una rigurosa evaluación legal, técnica y económica. Los fallos se darán a conocer en el mes de julio.
