La Secretaría de Hacienda anunció que 5.8 millones de dólares vinculados con esquemas de contrataciones públicas ya están de regreso en territorio mexicano. El dinero, producto de litigios en Florida, será destinado directamente a escuelas. El anuncio llegó durante la Mañanera del 28 de agosto, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera detalló el operativo contra la familia Weinberg y el exfuncionario García Luna.
Los recursos provienen de empresas que operaban en Florida y que formaban parte de una red de contratos públicos. Los abogados del gobierno mexicano presentaron evidencia en tribunales estadounidenses y lograron el embargo de cuentas y activos. El proceso, que duró varios meses, concluyó con la transferencia ordenada por un juez federal. Ahora el monto se canalizará a programas educativos sin pasar por intermediarios adicionales.
La operación de la UIF demostró que el rastreo financiero puede ser tan preciso como un cirujano buscando un tornillo perdido en un sofá. Mientras tanto, los involucrados en los esquemas originales observan desde lejos cómo sus antiguos negocios se convierten en pupitres y pizarrones. El caso confirma que las acciones legales transfronterizas pueden rendir frutos concretos cuando se persiguen con constancia.
El gobierno mexicano mantiene el control del proceso y asegura que más recursos podrían sumarse en los próximos meses. La decisión de destinar todo a educación convierte una historia de contratos dudosos en una inversión directa para las siguientes generaciones. Al final, el dinero regresa a donde debió estar desde el principio: en las aulas.
