Este jueves comenzará el juicio disciplinario en contra del suspendido canciller colombiano, Álvaro Leyva, en la Procuraduría General, luego de que esa institución ordenara su suspensión provisional por presuntas irregularidades al declarar desierto un proceso de licitación de pasaportes.
En esta audiencia, recoge El Tiempo, se prevé la lectura de cargos a Leyva. En caso de que se declare inocente, el funcionario deberá presentar las pruebas para sostener su afirmación y, en el caso contrario, será sancionado.
Según Caracol, el político de dilatada trayectoria deberá presentar sus alegatos frente a las dos supuestas faltas disciplinarias que se investigan: la declaratoria de licitación de pasaportes desierta y el decreto de urgencia manifiesta, lo que le permitía hacer una contratación directa con otro oferente para garantizar el suministro del documento.
La víspera de su concurrencia ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, la defensa del diplomático presentó una tutela contra ese organismo para dejar sin efecto la suspensión por tres meses, bajo los argumentos de que fue prematura y que se vulneraron derechos al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos.
Previamente, el pasado 7 de febrero, cuando la Procuraduría confirmó la suspensión de Leyva, la institución consideró que no se le vulneraron los derechos ni «las garantías» al formular los cargos en su contra.
Otra investigación
La Procuraduría también informó que además de los dos primeros cargos impuestos, le abriría una nueva investigación al canciller por presunto «desacato» a la medida de suspensión provisional, emitida el 24 de enero, debido a que continuó en su gestión como titular de Exteriores, «a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata«.
En respuesta, Leyva confirmó que dejaría su responsabilidad de inmediato y alegó que el 7 de febrero había sido «notificado del auto por medio del cual se resuelve la consulta sobre la medida de suspensión provisional«.
En medio de este proceso, el presidente colombiano, Gustavo Petro —que desde el principio salió en defensa de su canciller— ha mostrado su desacuerdo con la medida y ratificó que él mismo había ordenado que la licitación fuera declarada desierta, puesto que había un solo oferente.
Petro, quien ya ha criticado a la procuradora general, Margarita Cabello, por supuestamente suspender funcionarios relacionados con el gobernante Pacto Histórico, se ha referido en los reiteradamente a un plan para derrocarlo a través de los organismos de control del Estado.
