El megadecreto que emitió el presidente de Argentina, Javier Milei, para reformar cientos de leyes sin pasar por el Congreso provocó una fuerte reacción social, que ya incluyó cacerolazos, asambleas, marchas, repudio de múltiples colectivos, rechazo de la oposición y algunos aliados, y la posibilidad de un paro general que está siendo analizado por las centrales sindicales.
Las movilizaciones contra un presidente que solo lleva 12 días al frente del Gobierno comenzaron la noche del miércoles, ya que, en cuanto terminó la cadena nacional en la que Milei anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que pretende la desregulación total de la economía, estallaron los cacerolazos masivos en las principales ciudades del país.
El presidente subestimó la protesta y consideró que solo están en contra quienes padecen «un síndrome de Estocolmo» con el Estado, a pesar de que el rechazo a sus medidas está siendo transversal social, política y geográficamente.
A los cacerolazos nocturnos le siguió una intensa jornada de movilizaciones. La Confederación General del Trabajo (CGT), que es la central sindical más grande del país, realizó una asamblea de urgencia y acordó que el próximo miércoles marchará hacia el Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial, para exigir la nulidad del megadecreto porque viola la Constitución.
Por otra parte, el Comité Central de la CGT se reunirá el próximo jueves para analizar la posibilidad de llevar a cabo un paro general en repudio al DNU y, en particular, a los capítulos de la reforma laboral que precariza a millones de trabajadoras y trabajadores.
El secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Godoy, también condenó el megadecreto y advirtió que la única forma de frenarlo es con la movilización popular, por lo que consideró urgente convocar a un paro nacional.
«Es una bomba neutrónica sobre el pueblo argentino. Es inconstitucional (…) el Congreso tiene la responsabilidad de rechazar el DNU y nosotros construir un paro nacional que impida que sea implementado», afirmó en una entrevista con Radio Provincia.
Activismo
Mientras los sindicatos se reunían, a lo largo del jueves se replicaron protestas masivas autoconvocadas por ciudadanos sin militancia orgánica en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, La Plata y Córdoba, en donde hubo una fuerte represión policial.
En Buenos Aires, las y los trabajadores del Banco Nación, que Milei quiere privatizar, marcharon al grito de «el Banco y la patria no se venden».
«La soberanía, las leyes laborales y los medios públicos no se entregan», fue uno de los lemas de la movilización en la que, además, La Bancaria, el sindicato que agrupa al sector, acordó que a partir del próximo miércoles llevará a cabo asambleas en todo el país.
A unas cuadras de distancia, el personal de la agencia estatal de noticias Télam, que también está en la lista de empresas a privatizar, realizó primero una asamblea y luego una marcha en defensa de sus puestos de trabajo.
El Congreso fue otro punto de reunión de manifestantes, ya que la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía realizó un «feriazo» con productos a precios bajos bajo la consigna: «Que ajusten a la casta, no a la canasta».
Más tarde, ahí llegaron miembros de la organización Inquilinos Agrupados para repudiar la derogación de la Ley de Alquileres, que incluye el DNU, lo que profundiza la desprotección de locatarios que ahora tendrán que pagar rentas en dólares (aunque cobren salarios en pesos), si así lo decide el arrendador.
Las protestas se esparcen hasta en los lugares más inesperados. La noche del jueves, por ejemplo, la muchedumbre que salió del recital de la banda Ciro y Los Persas, en un centro de espectáculos de Buenos Aires, comenzó a corear: «Milei, basura, vos sos la dictadura».
Condenas
Otros colectivos han optado por pronunciamientos escritos. Es el caso de la Federación Agraria Argentina, que rechazó la derogación de la Ley de Tierras que hasta ahora impedía que los extranjeros compraran más de 1.000 hectáreas por persona. «Pone en riesgo la soberanía de nuestros recursos naturales», aseguró en un comunicado.
El Colegio Público de Abogados se sumó a las condenas con un texto en el que manifestó su preocupación por la legalidad del DNU. «No se ajusta a los parámetros excepcionales establecidos en la Constitución para su dictado (…) implica una ruptura del principio de división de poderes y nuestro régimen republicano de Gobierno», advirtió.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, en tanto, repudiaron el megadecreto al considerar que es «inconstitucional» y «antirrepublicano» porque pretende «barrer —de manera inconsulta y autoritaria— con una multitud de derechos conquistados».
En el plano político partidario, ya expresaron su rechazo líderes que pueden movilizar votos en el Congreso, y que no son opositores kirchneristas que previsiblemente iban a repudiar cualquier medida de Milei.
Entre ellos se encuentran el diputado Miguel Ángel Pichetto; el exjefe de Gobierno de Buenos Aires y exprecandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta; el senador Martín Lousteau y la exdiputada Elisa Carrió, quienes todavía forman parte, formalmente, de la coalición Juntos por el Cambio en la que participa el expresidente Mauricio Macri, quien apoyó incondicionalmente el decreto de Milei.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió al cruce de los dirigentes de su alianza que no quieren respaldar a Milei.
«Todos aquellos, inclusive muchos del PRO que apoyaron que Macri dicte estos decretos, ahora dicen que no, seamos coherentes, el país esta en emergencia», afirmó este viernes mientras ponía en marcha el protocolo antiprotestas ante el anuncio de nuevas movilizaciones en el centro de Buenos Aires.
Mientras oficialismo y oposición hacen cuentas para especular sobre la posibilidad de que el DNU sea avalado o rechazado por el Poder Legislativo, ya entró en acción el Poder Judicial con la primera impugnación en tribunales.
Se trata de un amparo colectivo que presentaron el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Autónoma y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que quedó en manos del juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari.
Es apenas la primera de las miles de acciones judiciales que se estima se presentarán contra el DNU y terminarán recayendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, órgano que podría tener la última palabra en uno de los momentos más álgidos de la historia argentina.
