Asesores legales y financieros armaron un comité para juntar a todas las empresas que todavía tienen reclamaciones comerciales pendientes contra Venezuela, de cara a la reestructuración de deuda que el país promete como quien anuncia dieta después del guiso navideño. La iniciativa, registrada a principios de mes y con anuncio formal este jueves, busca coordinar a los acreedores comerciales para que no lleguen a la mesa de negociaciones como tropa desordenada de tianguis, sino con representación decente frente a Caracas.
Venezuela soltó en mayo que arrancaba la reestructuración de su deuda soberana y de la estatal PDVSA, buscando “alivio” de lo que considera obligaciones insostenibles, ese eufemismo elegante para “ya no me alcanza ni para los frijoles del mes”. La mayoría de los analistas calculaba entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, pero el Financial Times contó que el país iba a confesar una cifra todavía más gorda: 240.000 millones. Nada como descubrir que la cuenta del restaurante traía propina, cubiertos y hasta el valet parking escondido.
Las deudas no se limitan a bonos soberanos y de PDVSA: también entran laudos arbitrales por nacionalizaciones de empresas, préstamos bilaterales y multilaterales, y atrasos comerciales a contratistas que llevan años esperando el depósito como quien mira el celular a ver si cae el spei. El comité anda reclutando compañías; de momento se estarían sumando constructoras de vivienda y vialidad, y para septiembre sueñan con enganchar a las del sector petrolero, esas que probablemente son el acreedor comercial más cargado de la fiesta.
“La idea es reunir a todas estas partes con intereses parecidos para resolver las reclamaciones de forma ordenada y con un proceso confiable”, explicó William Barry, presidente de Miller & Chevalier Chartered y asesor legal, en una llamada que sonó a junta de vecinos cobrando cuotas atrasadas. Anticipan miembros de todo pelaje: inversionistas que compraron deuda, dueños de laudos arbitrales y titulares directos como constructoras y empresas de servicios petroleros.
El Ministerio de Comunicación de Venezuela, que maneja todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato, clásico silencio de quien oye el timbre y se hace el desentendido. Los asesores no soltaron nombres de las empresas ya adentro ni el monto exacto que manejan, pero señalaron que las reclamaciones comerciales —sumando laudos— superan los 30.000 millones de dólares. “No necesitamos 30 reclamaciones para tener voz y voto en la mesa. Solo unas pocas de las más importantes”, dijo Brian Jarmain, de Aethel Partners, dejando claro que buscan calidad, no cantidad de quejosos.
Todavía no han hablado con Centerview, el asesor financiero elegido para la reestructuración sin licitación formal, ese detalle que siempre levanta cejas en la sobremesa. Caracas, por su parte, no ha publicado estadísticas completas de su deuda y dice que quiere una evaluación exhaustiva de sostenibilidad… sin decir cuándo, o sea, el clásico “ahorita no, luego vemos”.
Así que el panorama queda servido: un club de cobradores organizándose, una deuda que crece como chisme en pueblo chico, constructoras y petroleras haciendo fila y un gobierno que todavía no contesta el WhatsApp. En esta telenovela de laudos, reestructuraciones y promesas de alivio, el único que todavía no ha pedido prórroga es el talón de pago… y ya va con intereses de demora.
