El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sancionó los presupuestos generales de 2024 y recortó en 5.600 millones de reales (unos 1.122 millones de dólares) las enmiendas de las comisiones parlamentarias, es decir, recursos utilizados por diputados y senadores federales para obras y proyectos en sus bastiones electorales.
Lula justificó la medida, publicada este martes en el Diario Oficial de la Unión, porque la inflación fue menor a la esperada en 2023 —un 4,62 % frente al 4,85 % previsto–, por lo que se redujeron los ingresos del Ejecutivo.
Así, los recursos parlamentarios caen de 53.000 millones de reales (unos 10.622 millones de dólares) a 47.400 millones de reales (unos 9.500 millones de dólares).
«La decisión del recorte»
«Todo el equipo, en el momento de la decisión de recorte, decidió, en primer lugar, salvar plenamente la salud y la educación de cualquier tipo de recorte, salvar las inversiones del PAC [Programa de Aceleración del Crecimiento], salvar la seguridad pública y el población que más lo necesita», afirmó el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha.
La medida provocó el malestar de muchos parlamentarios que piden que el veto se anule, mientras que aliados del presidente temen que la medida pueda provocar un embate en el Congreso, de mayoría conservadora.
Según Folha de Sao Paulo, en un intento de evitar una crisis, el Gobierno prometió presentar en febrero un plan para revertir el recorte presupuestario.
La Ley de Presupuesto Anual (LOA) de 2024 prevé gastos totales de aproximadamente 5,5 billones de reales (alrededor de 1,1 billones de dólares), y la mayor parte del gasto se destinará a la refinanciación de la deuda pública.
También establece un objetivo de déficit fiscal «cero» para 2024. Sin embargo, el presidente ya dijo que «difícilmente» se conseguiré esto último.
