El Gobierno de México anunció la restricción temporal de las importaciones de petróleo y productos derivados, con el objeto de combatir el mercado ilícito de combustible y el contrabando.
En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se detalló que con esta medida se pretende evitar el «daño inminente a la salud y el medio ambiente«, así como «la vulneración a la salud y seguridad de la población aledaña a los centros de manejo de combustible» y el «impacto negativo de vehículos particulares y transporte público».
El texto hace hincapié en que estas prácticas ilícitas propician la comisión de otros delitos como «la comercialización o el transporte de petrolíferos que no contienen las especificaciones que marca la normativa vigente, falsificación de facturas, de pedimentos, de cartas porte, de certificados de origen y de calidad, robo de combustibles, evasión fiscal y demás delitos en materia de hidrocarburos».
«Combustible adulterado»
También señala que «actores privados del sector energético, respaldado por empresas especializadas en servicios de análisis químicos de productos petrolíferos, publicaron información que asegura que hasta un 80 % de los combustibles analizados fueron adulterados».
El Gobierno federal realizó revisiones en varios puntos del país y comprobó que «solo el 25 % de las mercancías analizadas correspondían a gasolina y diésel que cumplían con la normativa vigente», por lo que se determinó que el porcentaje restante era de productos distintos, «cuyo volumen de importación registrado no tenía justificación».
El Ejecutivo calculó que, en 2021, el mercado ilegal de combustibles ascendió a 47 millones de barriles, y que la pérdida para el Fisco Federal fue de 64.000 millones de pesos (unos 3.500 millones de dólares) derivados del producto de importación que se ingresaron al país como contrabando, sin pagar los impuestos correspondientes.
Las autoridades estiman que de resolverse el problema se tendría un incremento en la recaudación fiscal de más de 91.400 millones de pesos (más de 5.000 millones de dólares) anuales por el correcto pago del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Según la agencia Bloomberg, que cita fuentes de la Secretaría de Energía, las gasolinas y diésel de importación para fines comerciales quedan fuera de la restricción. El decreto entra en vigor este mismo martes.
