El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una ley sobre el bloqueo de fondos y propiedades de entidades jurídicas extranjeras contra las que Rusia aplicó medidas restrictivas, según el documento correspondiente del portal oficial de información jurídica. La ley entrará en vigor 180 días después de su publicación oficial.
Esta ley tiene sus orígenes en lo acaecido en 2018, cuando en respuesta a las acciones hostiles de las autoridades de Kiev, el líder ruso decidió introducir medidas económicas especiales contra determinadas organizaciones y ciudadanos ucranianos.
Actualmente, tales medidas se utilizan contra Estados, organismos y funcionarios extranjeros si sus acciones amenazan a los intereses y la seguridad de Rusia y violan los derechos de sus ciudadanos. La decisión de introducirlas en cada caso concreto la toma el presidente a base de las propuestas del Consejo de Seguridad.
La nueva ley introduce el concepto de «personas bloqueadas». Se trata de aquellos cuyos fondos están bloqueados en el marco de restricciones económicas. En particular, pueden ser Estados extranjeros, organizaciones, ciudadanos y personas sin nacionalidad. Esta lista incluye también a las entidades jurídicas en las que los extranjeros pueden poseer directa o indirectamente, individual o conjuntamente, más del 50% de los votos en su órgano directivo supremo.
Según el documento, las entidades de crédito, seguros y microfinanciación, operadores de plataformas financieras que emitan activos financieros digitales, así como los operadores bursátiles, tendrán que bloquear las transacciones de dichas personas jurídicas controladas desde el extranjero. Además, el Banco Central tendrá derecho a aplicar diversas medidas ejecutivas a las compañías que incumplan esta obligación y, en caso de incumplimiento reiterado en el plazo de un año, a revocarles la licencia.
Los empresarios de juegos de azar en una casa de apuestas estarán obligados a negarse a aceptar apuestas y pagar ganancias a los participantes que hayan sido objeto de medidas económicas especiales. En caso de infracciones regulares en el plazo de un año, el Servicio Federal de Impuestos de Rusia podrá anular las licencias de dichos organizadores.
Tránsito a jurisdicción rusa de empresas extranjeras
Además, el líder ruso firmó una ley que permite a los tribunales excluir de la estructura de económicamente importantes empresas y bancos rusos a los ciudadanos extranjeros provenientes de países hostiles, según el documento publicado este viernes en el portal oficial de la información jurídica.
Como explicó Serguéi Gavrílov, presidente del comité de la Duma Estatal encargado de la propiedad y la tierra, la ley tiene como objetivo transferir a la jurisdicción rusa el sector de los negocios, principalmente las ramas clave y estratégicas, así como restaurar los derechos de sus copropietarios rusos.
La medida limita el ejercicio de los derechos corporativos con organismos rusos importantes por parte de las empresas extranjeras que están relacionadas con países hostiles.
El Gobierno se encargará de establecer la lista de compañías, donde figurarán todos los bancos importantes, así como las empresas cuyos ingresos estén por encima de los 75.000 millones de rublos (unos 780 millones de dólares) al año, o las que empleen a más de 4.000 trabajadores, o cuyos activos superen los 150.000 millones de rublos (unos 1.560 millones de dólares), o cuyos impuestos el año pasado sobrepasaran los 10.000 millones de rublos (unos 104 millones de dólares).
La ley también incluye a todas las empresas de importancia decisiva para ciertas ciudades, las entidades de la infraestructura de información crítica, así como a las empresas que implementan tecnología o software para los servicios más importantes, o que participan en la creación y modernización de empleos de alto rendimiento, o bien remunerados.
El nuevo reglamento se aplicará a las organizaciones económicamente significativas, en las que los extranjeros posean al menos el 50% de las acciones. Al mismo tiempo, la participación de los propietarios rusos en esas compañías podrá ser del 50 al 20%.
Según el documento, los accionistas de la organización, su órgano ejecutivo único, un miembro de la junta directiva o un órgano autorizado por el Gobierno podrán solicitar al Tribunal de Arbitraje de la región de Moscú una declaración sobre la suspensión de los derechos en dicha organización de un participante extranjero.
El tribunal puede suspender sus derechos corporativos en los casos establecidos por la ley. En particular, cuando se cometa un acto que obstaculice la gestión de la organización o que pueda llevar al cierre de la empresa, su liquidación o quiebra.
Se incluyen los casos cuando un participante extranjero haya declarado públicamente el fin de las actividades de la organización o de su participación en ella, haya rescindido o dejado de cumplir contratos significativos, o haya reducido en más de un tercio a los empleados, o haya realizado acciones destinadas a cumplir las sanciones antirrusas.
Al mismo tiempo, la compañía, de acuerdo con la ley, tendrá que someterse a una reorganización y convertirse en una sociedad anónima pública.
Los derechos de los participantes extranjeros de países hostiles, según el documento, serán suspendidos, y sus acciones se distribuirán proporcionalmente entre los propietarios rusos. Al mismo tiempo, los accionistas rusos que posean acciones o participaciones en dicha organización mediante estructuras extranjeras deberán transferirlas a la propiedad directa.
