El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, dijo que «primero está la libertad para circular«, en referencia a la manifestación convocada en Buenos Aires por movimientos de izquierda para el miércoles contra los ajustes económicos del Gobierno de Javier Milei.
«Nuestra prioridad es que el que quiera circular circule, porque primero está el derecho, el cumplimiento de la ley y el derecho de los ciudadanos a circular«.
Adorni dijo que espera que la jornada sea de «absoluta paz y entendimiento«, porque Argentina «tiene que acostumbrarse a una normalidad tan simple como el estricto cumplimiento de la ley«.
En momentos de gran zozobra social por el duro ajuste económico, el Ejecutivo anunció la semana pasada un protocolo antiprotestas para controlar las manifestaciones en la vía pública.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que «si se toman las calles» podrán intervenir «de manera inmediata las fuerzas federales«.
«Suspensión de programas de apoyo»
A esta controvertida medida se añadió la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien comunicó el lunes que los programas de apoyo a familias sin empleo o de bajos ingresos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar, le serán suspendidos a quienes bloqueen el tránsito.
«Como lo dijo el presidente: el que corta, no cobra«.
En este sentido, Adorni informó que se habilitó «una la línea telefónica para todos aquellos beneficiarios de planes sociales que sean amenazados para ir a la marcha«. «No estamos dispuestos a que el puntero o el intermediario en el medio haga un negocio propio«.
También confirmó que «quien corte la circulación dejará de percibir su plan». «No solo a los que se detenga sino a los que se identifique«.
«Quédense en sus casas»
«Quédense en sus casas y si van a marchar, háganlo bajo el protocolo«.
Por su parte, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que no aplicará el protocolo ‘antipiquetes’, porque «criminaliza en cierto sentido la protesta».
Sobre esta decisión, Adorni destacó que «cada gobernador será responsable por el acatamiento o no del protocolo«. «Nuestra prioridad es que quién quiera circular que circule«.
Organizaciones y dirigentes políticos han denunciado estos días que el «protocolo de orden público» violenta los derechos constitucionales. «Repudiamos este avance represivo, la protesta pacífica no requiere autorización alguna«, afirmó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano.
