El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio un paso temerario al promulgar la ley SB4, la cual establece un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente al territorio. Esta acción intensifica la ya tensa batalla legal entre el estado y el gobierno federal en torno a los esfuerzos para controlar la inmigración irregular.
La polémica Ley SB4 que permitirá a policías estatales y de los condados arrestar y deportar a México a cualquier persona “sospechosa” de haber cruzado ilegalmente a Texas, al tiempo que culpó al gobierno de López Obrador por la creciente oleada de migrantes
Denominada SB4, la ley no solo crea un nuevo delito, sino que también concede a las autoridades locales la facultad de arrestar a migrantes y otorga a los jueces la capacidad de emitir órdenes de expulsión hacia México. Este desarrollo ha provocado temores generalizados en la comunidad latina de Texas, que constituye el 40% de la población del estado, y ha sido objeto de condena por parte de organizaciones de derechos civiles y grupos defensores de la inmigración desde su aprobación el mes pasado por la legislatura texana.
Con su entrada en vigor prevista para marzo, la ley surge en medio de un aumento notable en la migración en la frontera entre Estados Unidos y México, ejerciendo una presión considerable sobre los recursos locales y federales. La disputa entre Abbott y la administración del presidente Joe Biden sobre las medidas estatales para frenar la inmigración ilegal agrega complejidad a la situación.
El anuncio de la suspensión temporal de las operaciones en puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el domingo, refleja la urgencia de la situación. Con alrededor de 192,000 inmigrantes detenidos en puertos de entrada en noviembre, un 2% más que en octubre, según Jason Owens, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la presión fronteriza es evidente.
Los demócratas en la Cámara de Representantes han expresado preocupación de que la ley texana excede los poderes del gobierno federal, recordando la controvertida disposición sobre el estatus migratorio de Arizona, conocida como la ley «muéstrame tus documentos». Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó gran parte de esta legislación en 2012, el autor republicano de la SB4 insiste en su constitucionalidad.
Mientras Kevin F. Lawrence, director ejecutivo de la Asociación de Policía Municipal de Texas, sostiene que la SB4 proporcionaría a las fuerzas policiales locales mejores herramientas, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) amenaza con demandar a Abbott, calificando la medida como una de las más antiinmigrantes adoptadas por un estado. Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y CEO del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, advierte que la ley de Texas compromete la seguridad y dignidad de los solicitantes de asilo, acusando al estado de alejarse de los valores humanitarios que definen a Estados Unidos.
