En apenas dieciocho días, Javier Milei pretende imponer por decreto modificaciones de ley que garanticen el éxito de su empresa, y como en ‘Cenicienta’, antes de que sean las 12 volverá a lugar del que salió, y todos podrán ver que su carroza no era más que una calabaza. Sin embargo, ¿será entonces demasiado tarde?
En menos de tres semanas de mandato, Milei anunció tres paquetes de iniciativas con modificaciones estructurales en Argentina. Apenas 48 horas después de tomar posesión, su ministro de Economía, Luis Caputo -quien ya ejerció como ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)-, anunció 10 «medidas de emergencia» para hacer frente a la crisis económica, entre ellas una devaluación del peso que ha supuesto de forma inmediata, entre otras cosas, una subida del precio de los alimentos, afectando de forma directa sobre todo a los sectores más humildes de la sociedad argentina.
El 20 de diciembre, en su segunda semana como mandatario, anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluye más de 300 medidas para desregular la economía.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia están validados por la Constitución argentina como herramientas que otorgan al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar en situaciones extraordinarias al margen del Congreso, pero que, a su vez, están limitados a una situación de «emergencia y urgencia», con imposibilidad para legislar sobre cuestiones impositivas, electorales y penales, o para modificar el régimen de los partidos políticos. A su vez, tienen una vigencia temporal hasta ser ratificados por el Congreso para convertirse en leyes permanentes, y están sujetos al control judicial para la consideración de la pertinencia de la medida y del contexto de urgencia.
El polémico contenido
El DNU presentado por el nuevo inquilino de la Casa Rosada afecta a la Ley de Alquileres, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley del Compre Nacional, la Ley de Tierras, el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, la Ley de Promoción Industrial, el Sistema Nacional del Comercio Minero, la Ley de Promoción Comercial y la normativa que impide la privatización de las empresas y el régimen de sociedades del Estado. De hecho, en la alocución a la nación para presentar este decretazo, se precisó la pretensión de «transformar todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización», incluida «la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas», entre otras medidas.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia están validados por la Constitución argentina como herramientas que otorgan al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar en situaciones extraordinarias al margen del Congreso.
Finalmente, este miércoles 27 de diciembre, el nuevo gabinete anunció la llamada ‘ley ómnibus’, cuyo título oficial es Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y que, de aprobarse, a diferencia de las anteriores -en este caso sí necesitaría la aprobación a través del Congreso de la Nación donde la Libertad Avanza no cuenta con mayorías suficientes- tendría consecuencias en el desarrollo político del Estado.
En su artículo tercero, el proyecto declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025», lo que permitiría a la presidencia una acumulación de poder sin precedentes que, además, podría ser prorrogado durante dos años más, hasta 2027, y que permitiría gobernar a Milei con base en decretos.
Privatizaciones
A su vez, a través de sus 600 artículos, esta propuesta modificaría una veintena de leyes. Declara «sujetas a privatización» a todas las empresas del sector público: 40 compañías estatales, entre ellas la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, la Casa de Moneda (donde se imprimen los billetes), la agencia de noticias Télam,
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y Ferrocarriles Argentinos.
La ‘ley ómnibus’ permitiría a la presidencia una acumulación de poder sin precedentes (…) y se institucionaliza un retroceso en relación al derecho de manifestación, huelga y protestas.
Se proyecta la eliminación de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y se propone un cambio en la composición de la Cámara de Diputados. A su vez, se institucionaliza un retroceso en relación al derecho de manifestación, huelga y protestas, con penas de prisión para quiénes «dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado»; igualmente, se elimina de facto el derecho de protesta de los beneficiarios de ayuda social, bajo la amenaza de perder estas ayudas si participan de estas protestas.
