Washington. El gobierno de Estados Unidos sacó este miércoles el pañuelo diplomático y manifestó sus condolencias por las mortales inundaciones en Nepal, prometiendo de paso 500.000 dólares para las labores de rescate, esa cantidad que suena a “aquí tienes para el taxi y el café” cuando el río se ha llevado medio pueblo. El Departamento de Estado soltó el comunicado con tono de funeral de oficina: “Estados Unidos expresa sus más profundas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en las devastadoras inundaciones repentinas en el distrito de Rasuwa”.

De postre anunciaron que desplegarán a un asesor para la respuesta a desastres en la región, o sea, el clásico “mandamos al experto a ver cómo está el desastre mientras contamos los billetes”. El secretario de Estado, Marco Rubio, no se quiso quedar fuera del coro y subió su mensajito de apoyo en X: solidaridad, unión en oración por el pueblo nepalí y todo el kit de frases que caben en un tuit de condolencia exprés.

Así que el paquete humanitario queda servido: pésame oficial, medio millón de dólares, un asesor en camino y un tuit con oración incluida. En esta telenovela de inundaciones, chequeras diplomáticas y solididades de redes sociales, el único que todavía no ha pedido chaleco salvavidas es el trámite burocrático… y ya va flotando hacia la siguiente crisis.

Asesores legales y financieros armaron un comité para juntar a todas las empresas que todavía tienen reclamaciones comerciales pendientes contra Venezuela, de cara a la reestructuración de deuda que el país promete como quien anuncia dieta después del guiso navideño. La iniciativa, registrada a principios de mes y con anuncio formal este jueves, busca coordinar a los acreedores comerciales para que no lleguen a la mesa de negociaciones como tropa desordenada de tianguis, sino con representación decente frente a Caracas.

Venezuela soltó en mayo que arrancaba la reestructuración de su deuda soberana y de la estatal PDVSA, buscando “alivio” de lo que considera obligaciones insostenibles, ese eufemismo elegante para “ya no me alcanza ni para los frijoles del mes”. La mayoría de los analistas calculaba entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, pero el Financial Times contó que el país iba a confesar una cifra todavía más gorda: 240.000 millones. Nada como descubrir que la cuenta del restaurante traía propina, cubiertos y hasta el valet parking escondido.

Las deudas no se limitan a bonos soberanos y de PDVSA: también entran laudos arbitrales por nacionalizaciones de empresas, préstamos bilaterales y multilaterales, y atrasos comerciales a contratistas que llevan años esperando el depósito como quien mira el celular a ver si cae el spei. El comité anda reclutando compañías; de momento se estarían sumando constructoras de vivienda y vialidad, y para septiembre sueñan con enganchar a las del sector petrolero, esas que probablemente son el acreedor comercial más cargado de la fiesta.

“La idea es reunir a todas estas partes con intereses parecidos para resolver las reclamaciones de forma ordenada y con un proceso confiable”, explicó William Barry, presidente de Miller & Chevalier Chartered y asesor legal, en una llamada que sonó a junta de vecinos cobrando cuotas atrasadas. Anticipan miembros de todo pelaje: inversionistas que compraron deuda, dueños de laudos arbitrales y titulares directos como constructoras y empresas de servicios petroleros.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela, que maneja todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato, clásico silencio de quien oye el timbre y se hace el desentendido. Los asesores no soltaron nombres de las empresas ya adentro ni el monto exacto que manejan, pero señalaron que las reclamaciones comerciales —sumando laudos— superan los 30.000 millones de dólares. “No necesitamos 30 reclamaciones para tener voz y voto en la mesa. Solo unas pocas de las más importantes”, dijo Brian Jarmain, de Aethel Partners, dejando claro que buscan calidad, no cantidad de quejosos.

Todavía no han hablado con Centerview, el asesor financiero elegido para la reestructuración sin licitación formal, ese detalle que siempre levanta cejas en la sobremesa. Caracas, por su parte, no ha publicado estadísticas completas de su deuda y dice que quiere una evaluación exhaustiva de sostenibilidad… sin decir cuándo, o sea, el clásico “ahorita no, luego vemos”.

Así que el panorama queda servido: un club de cobradores organizándose, una deuda que crece como chisme en pueblo chico, constructoras y petroleras haciendo fila y un gobierno que todavía no contesta el WhatsApp. En esta telenovela de laudos, reestructuraciones y promesas de alivio, el único que todavía no ha pedido prórroga es el talón de pago… y ya va con intereses de demora.

Washington. Los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y de Estado, Marco Rubio, se sentaron en Washington a platicar de seguridad como quien organiza la sobremesa familiar: con la lista de pendientes más larga que fila del INE. En la mesa: tráfico de fentanilo y otras drogotas, armas y delincuencia organizada transnacional, ese combo que ya parece telenovela de las tres de la tarde.

Rubio aprovechó para soltar el recado de siempre y pidió medidas contundentes y decisivas para ponerle candado a la inmigración ilegal, como quien le grita al vecino que ya baje el volumen. El canciller mexicano, sin perder el estilo, reafirmó que hay que trabajar con visión conjunta basada en respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración cerquita pero sin subordinación, o sea, de cuates que se prestan la sal pero nadie se queda a vivir en casa del otro.

El Departamento de Estado resumió el sermón de Rubio: hay que tomar medidas decisivas para frenar la inmigración ilegal, tapar el chorro de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, desmantelar organizaciones terroristas y cárteles extranjeros y dejarlos sin armas, como quien les quita los juguetes a los niños en plena rabieta. En la parte migratoria repasaron avances en la gestión de flujos, siguieron con las mesas de diálogo estratégico y pusieron el foco en la protección consular y el respeto estricto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos durante sus procesos, ese capítulo que siempre termina con “y no se les olvide el pasaporte”.

De postre, el canciller también se vio con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, para hablar de innovación, inteligencia artificial, semiconductores y cadenas de suministro, temas que suenan a futuro brillante pero todavía huelen a café de máquina. Y con el subsecretario del Departamento de Seguridad Interior, Troy Edgar, dialogó sobre evitar que fallezcan personas mexicanas y seguir colaborando en los flujos migratorios, o sea, el recordatorio humano en medio del protocolo.

Así que el balance del día queda servido: apretones de manos, llamados a la contundencia, defensa de la soberanía y una agenda tan cargada que hasta el fentanilo pidió tiempo fuera. En esta telenovela de diplomacia, cárteles y mesas de diálogo, el único que todavía no ha firmado el acta es el sentido común… y ya va con la visa vencida.

El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles la extradición a Estados Unidos de dos líderes guerrilleros que andaban de negociadores de paz en el gobierno anterior, como quien cancela la fiesta y manda a los invitados directo al aeropuerto. Willinton Henao, alias Mocho Olmedo, y Geovany Andrés Rojas, alias Araña, ambos de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, habían sido detenidos en 2025 bajo el mandato del izquierdista Gustavo Petro. Su entrega se había quedado en pausa por las pláticas de paz… hasta que De la Espriella les bajó la cortina y dijo basta.

“He ordenado hacer efectiva la entrega y extradición a los Estados Unidos”, soltó el mandatario en comparecencia, con tono de quien cierra la cuenta y apaga la luz. De paso anunció la extradición de otras tres personas, porque total, ya estaba calentando la firmita. Admirador confeso de Donald Trump, el nuevo jefe colombiano trabaja codo a codo con Washington para doblegar a los grupos ilegales que se financian con el narcotráfico, ese negocio que en Colombia parece tener más sucursales que tienda de barrio.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó este miércoles al país para reunirse con la nueva cúpula militar, justo después de que se autorizaran bombardeos conjuntos contra el narco el 12 de agosto. Nada como una visita de cortesía con olor a pólvora para romper el hielo.

Mocho Olmedo formaba parte del Frente 33 de una disidencia que opera en la frontera con Venezuela, zona donde un enfrentamiento con otra guerrilla en 2025 dejó miles de desplazados corriendo como en final de partido con lluvia. Araña, por su lado, era el líder de los Comandos de Frontera, una organización sangrienta dedicada al narcotráfico y otros delitos cerquita de Ecuador, de esas que convierten la frontera en vecindario sin reglamento de condominio. Ambos dieron la espalda al histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC, entonces la guerrilla más poderosa de América, y ahora enfrentarán en Estados Unidos cargos de narcotráfico, porte de armas y narcoterrorismo.

Durante su mandato, el expresidente Petro (2022-2026) intentó sin éxito firmar la paz con los grupos que asolan el país a base de atentados, secuestros y asesinatos. En los últimos años, según analistas y fuentes militares, esos grupos engordaron filas como quien se pasa de tacos en la feria.

Así que el panorama queda claro: extradiciones exprés, admiración trumpista, militares gringos de visita y una paz que se quedó mirando el avión despegar. En esta telenovela de alias, fronteras y valijas diplomáticas, el único que todavía no ha pedido asilo es el diálogo… y ya le sellaron el pasaporte con sello de “no hay vuelta”.

Washington. Estados Unidos salió este jueves a cantar victoria y anunció que desarticuló una operación de piratería informática china que andaba de cotilleo digital por el Departamento de Justicia, la NASA, la Reserva Federal, el Senado y otras agencias tan sensibles que hasta el café de la oficina tiene escolta. En un comunicado con aire de “los agarramos con las manos en la masa”, el Departamento de Justicia contó que incautó dominios de dos plataformas de piratería bautizadas QScan y QTRouter, esas herramientas que suenan a aplicación de escanear códigos QR pero resultaron ser más bien el pasadizo secreto del vecino fisgón.

Entre las víctimas también aparecen el Departamento de Energía, el de Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de Salud y cuatro empresas sin nombre de Estados Unidos y Corea del Sur, o sea, un reparto tan variado como lista de invitados a boda donde nadie se conoce. Según la versión oficial, las plataformas las manejaba una empresa con sede en China, la Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, nombre que ya de por sí parece challenge de deletreo en plena resaca.

China, como era de esperarse, sacó el escudo diplomático. Un portavoz de su embajada en Washington mandó correo asegurando que no estaban familiarizados con el cuento, que el gobierno chino “se opone firmemente y combate todas las formas de ciberataques conforme a la ley” y que Estados Unidos usa los temas de ciberseguridad para “difamar o desacreditar” al gigante asiático. Traducción libre: “yo no fui, y además ustedes inventan para quedar bien en la foto”.

Así que el cuadro queda de antología: dominios confiscados, agencias federalmente sonrojadas, una empresa china en el centro del chisme y dos potencias tirándose el trapo de “tú espías más” como si fueran cuñados disputándose el control remoto. En esta telenovela de hackers, comunicados y negaciones por correo, el único que todavía no ha pedido autenticación en dos pasos es el sentido común… y ya le están intentando robar la contraseña.

Tokio. La presidenta de la Corte Penal Internacional, la japonesa Tomoko Akane, salió este jueves con el pecho inflado y aseguró que no bajará los brazos aunque las sanciones estadounidenses se le extiendan a toda la institución como resfriado en oficina sin ventanas. Estados Unidos le cayó la semana pasada con sanciones a ella y al fiscal adjunto senegalés Abdoulaye Seye, en plena campaña contra la corte a la que acusa de andar “politizada”, ese adjetivo que suena a regaño de suegra cuando no le gusta el yerno.

Las sanciones les prohíben pisar territorio estadounidense y les bloquean cualquier movida inmobiliaria o financiera por allá, o sea, ni comprar un depa ni pagar el Uber con tarjeta. Hablando a distancia ante periodistas en Tokio, Akane confesó que de momento el golpe se tradujo en el bloqueo de sus tarjetas de crédito, ese drama moderno que deja a cualquiera mirando la cuenta como quien descubre que el cajero se tragó el billete. Aun así prometió mantenerse firme: “Aunque se añadan sanciones contra la propia CPI, no bajaremos los brazos”. Y de postre le mandó flores a Japón: siempre ha hecho del estado de derecho un pilar de su diplomacia, así que tanto ella como la comunidad internacional le tienen puestas las expectativas como a delantero en penales.

Las declaraciones llegaron un día después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, negara que su gobierno estuviera mostrando “debilidad” por calificar las sanciones gringas de simplemente “muy lamentables”, formulita un poquito más suave que el clásico “sumamente lamentables” de manual diplomático. “Como principal contribuyente a la financiación de la CPI, debemos proteger una organización de tal importancia”, soltó Takaichi a periodistas, añadiendo que Japón “se comprometerá cuando y donde sea necesario”, frase de esas que suenan a “aquí estamos, pero veamos el clima”.

Fundada en 1998 y en marcha desde 2002, la CPI es la jurisdicción penal internacional permanente encargada de juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión y crímenes de guerra. Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma pero nunca lo ratificó, ese clásico de “yo firmo la lista del súper pero no paso por caja”. Ni Israel ni Rusia son miembros. Y ahora Washington anuncia que va a intensificar esfuerzos para convencer a otros países de que abandonen el barco, como quien organiza la despedida del grupo de WhatsApp familiar.

Así que el cuadro queda servido: jueza con tarjetas congeladas, promesas de aguante, Japón entre el “muy lamentable” y el cheque de aportaciones, y una corte que sigue intentando juzgar lo injusticiable mientras le tiran sanciones como confeti en fiesta a la que no la invitaron. En esta telenovela de tribunales, plásticos bloqueados y diplomacia de adjetivos, el único que todavía no ha pedido prórroga es el estado de derecho… y ya va con ojeras.

Rusia sacó este jueves la cartilla más gruesa que le ha leído jamás al Reino Unido y le soltó el recado sin anestesia: si siguen llegando misiles británicos a territorio ruso de la mano de Ucrania, Moscú podría devolver el golpe contra objetivos militares británicos tanto dentro como fuera de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajarova, lo soltó en rueda de prensa con la soltura de quien avisa que el vecino ya se pasó tres pueblos con el volumen del karaoke.

Zajarova soltó que Londres está “a un paso” de convertirse en cómplice legal de lo que ella llama “terrorismo” contra civiles rusos, y que eso traerá “consecuencias catastróficas” si no dan marcha atrás como quien frena en seco antes del bache. “Hemos advertido una y otra vez que cualquier instalación y equipo militar británico en Ucrania y más allá de sus fronteras puede ser blanco de respuesta”, declaró, con tono de “ya te lo dije y no es broma”. Y de postre les recomendó a los dirigentes británicos que se sienten un rato, piensen despacio y abandonen de una vez esa línea “hostil y agresiva” que solo sirve para subir el conflicto a un nivel que nadie pidió en la carta.

El aviso llegó un día después de que Rusia acusara a Kiev de haber disparado misiles británicos Storm Shadow contra un centro comercial en Donetsk, ciudad controlada por Moscú, dejando heridos entre la población civil, incluidos niños. El Kremlin, por su parte, ya había soltado el lunes que Reino Unido está echando “leña al fuego” con método de leñador profesional, justo después de que Londres anunciara que dejará a Kiev meterse en la cocina secreta de la tecnología clasificada para fabricar sus propios Storm Shadow, esos misiles de crucero que llegan lejos y sin pedir permiso. Francia, de paso, ya dio el sí para licenciar la tecnología de este misil europeo, como quien pasa la receta del guiso picante al cuñado.

Así que el panorama queda servido: misiles prestados, advertencias a gritos, acusaciones de terrorismo y una OTAN que mira de reojo mientras el termómetro sube. En esta telenovela de amenazas y misiles de largo alcance, el único que todavía no ha sacado la silla de plástico a la acera es el sentido de la mesura… y ya se oyen los ladridos del perro del conflicto.