La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Paquete Económico 2027, que debe entregarse el 8 de septiembre, buscará una consolidación fiscal paulatina. El plan consiste en reducir el déficit pero sin recortar la inversión pública ni los recursos para bienestar, salud y educación. Todo esto ocurre mientras los ingresos crecen más lento que el gasto y las calificadoras observan con cara de pocos amigos.
En 2024 el déficit fiscal llegó a un récord de 5.8 por ciento del PIB por la deuda contratada para obras del sexenio anterior. El año pasado se intentó bajarlo a 3.9 por ciento, pero los apoyos a Pemex lo dejaron en 4.8 por ciento. Para este año las proyecciones de Hacienda apuntan a 4.1 por ciento, aunque Moody’s ya bajó la calificación a Baa3 y Standard & Poor’s cambió la perspectiva a negativa.
Las tres grandes calificadoras coinciden en que el gasto rígido y los rescates petroleros dificultan cualquier ajuste serio. Fitch incluso advirtió que México podría perder el grado de inversión si no reduce el déficit con más rapidez. Mientras tanto, una nueva Ley de Inversión busca acelerar el gasto en infraestructura durante el segundo semestre, aunque el margen de maniobra sigue siendo estrecho.
Sheinbaum insiste en que mantener la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que todo se resuelve con más gasto. Afirma que las finanzas deben ser sólidas para ampliar la inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica. El discurso suena equilibrado, pero las cifras siguen mostrando que las pensiones y los programas sociales siguen presionando las cuentas.
Al final, el gobierno promete bajar el déficit como quien promete bajar de peso sin dejar los tacos los fines de semana. Las calificadoras ya tienen el lápiz rojo en la mano y Pemex sigue siendo ese familiar que siempre pide prestado sin devolver. México, según la mandataria, no se somete, pero las deudas tampoco perdonan.
