En una movida que parece sacada de un manual de cómo complicarle la vida a todo el mundo, la administración de Donald Trump ha decidido colgar el letrero de «Cerrado hasta nuevo aviso» en las citas para visas de inmigrante en todo el planeta. La excusa oficial para este parón global es una «capacitación exhaustiva» para sus funcionarios consulares, lo que suena a que los mandaron a un curso intensivo para aprender a hacer algo más importante que poner sellos en pasaportes.
¿Y qué es esa habilidad tan crucial que requiere paralizar el sueño americano de miles de personas? Pues, según el Departamento de Estado, están entrenando a su personal para que desarrollen un superpoder: identificar si un solicitante podría convertirse en una «carga pública». En otras palabras, están en una especie de maestría para detectar gente con mala suerte financiera a kilómetros de distancia, como si les enseñaran a usar un detector de carteras vacías o a leer el futuro en los posos del café.
Así que, si usted soñaba con mudarse a Estados Unidos para vivir permanentemente, tendrá que guardar sus maletas y esperar un correo electrónico que le reprogramará la cita en algún momento de este siglo. Pero no se preocupe, si solo quería ir a tomarse una foto con el ratón Miguel y gastar sus ahorros, su visa de turista está a salvo. Aparentemente, los que llevan dinero para gastar no corren el riesgo de convertirse en una carga pública.
Pero no crean que esta es una idea aislada que se les ocurrió mientras desayunaban. Esta suspensión es solo la cereza del pastel en un festival de obstáculos migratorios. Hace apenas unos días, propusieron un cobro de 103.000 dólares para las visas de trabajo H-1B, y limitaron la estancia de estudiantes extranjeros a solo cuatro años, como si los posgrados se pudieran terminar a la velocidad de la luz. Si no acaban a tiempo, tendrán que pedir una extensión y rezarle a todos los santos para que se la aprueben.
Para rematar el cuadro, esta ofensiva migratoria, dirigida por Marco Rubio, ha estado tan activa que hasta un juez federal tuvo que anularles una política para suspender visas a ciudadanos de 75 países. Es como si estuvieran lanzando dardos a un mapa y prohibiendo la entrada a todo el que le atinen, mientras los tribunales corren detrás de ellos tratando de apagar los incendios que van dejando a su paso.
Mientras tanto, miles de solicitantes se quedan en un limbo burocrático, esperando un correo que podría tardar más que una reforma fiscal. Todo porque el gobierno necesita tiempo para graduar a sus nuevos adivinos consulares, expertos en predecir la pobreza ajena. Una prueba más de que, a veces, la realidad supera con creces la ficción más absurda.
