Ante el argumento del partido Somos México de que la empresa de Ernesto Ruffo Appel solo tramita permisos de importación sin verificar el contenido real de esos trámites, la periodista especializada en temas de energía y crimen organizado, Ana Lilia Pérez respondió que ahí radica precisamente el mecanismo del contrabando técnico o fiscal: una empresa con permiso para importar cierto volumen de una sustancia introduce, en los hechos, otra distinta o en menor cantidad a la declarada.
«Él solo tramita eso, pues es uno de los eslabones; eso hace factible el contrabando», afirmó.
Para Pérez, era previsible que la detención de Ruffo derivara en este tipo de defensa política, bajo el argumento de que no deben juzgarse figuras con trayectoria pública pese a haber incurrido en prácticas lesivas como el huachicol fiscal.
Desde el año pasado, cuando arrancó la estrategia contra este delito, se han abierto más de 40 mil carpetas de investigación, luego de que se detectaran carrotanques abandonados en Arizpe, Sonora, y un cargamento paralelo transportado por barco: dos redes distintas que iniciaron casi al mismo tiempo.
La periodista destacó que la clave de las pesquisas ha sido la ruta financiera, que muestra cómo operaba el contrabando: declarar el combustible como otra sustancia e introducirlo en volúmenes muy inferiores a los registrados.
En esa red aparece una empresa creada en 2018 vinculada a Ruffo, parte de un auge de compañías surgidas tras la Reforma Energética, que abrió la importación de combustibles a privados. Según Pérez, Ruffo es un eslabón de esta red binacional operada con ferrotanques, en la que parte del dinero se enviaba a Estados Unidos: «fue gobernador de Baja California, pero es un contrabandista de combustible», concluyó.
