La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno decidió que la corrupción ya no es asunto de casa, sino de gira internacional. Mientras otros países discuten en cafés, México participa en tres convenciones serias y en más de 36 foros para evitar que el dinero público termine en bolsillos ajenos. El plan suena ambicioso, pero funciona como un tamal bien envuelto: todo queda atado.
La dependencia colabora con la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y catorce países, desde Alemania hasta Ucrania. Con Francia se entrena a servidores públicos en ética; con Chile se revisan compras y tecnología. Hasta ahora han sancionado a cinco proveedores de facturas falsas que cubrían más del veinte por ciento de la facturación nacional. Dos más siguen en proceso. Además, un millón quinientos treinta y dos mil seiscientos noventa y nueve funcionarios presentaron su declaración patrimonial, un récord del noventa y siete punto siete por ciento. La Secretaría impartió un millón trescientas mil capacitaciones para que nadie se haga el despistado.
Al final, estos números no son solo estadísticas. Representan menos margen para las factureras y más control sobre quien maneja recursos públicos. México sigue afinando sus herramientas mientras otros siguen discutiendo si la corrupción es o no un problema. Aquí, al menos, ya la tienen en la mira.
