El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, decidió que el mejor momento para defender la soberanía era justo cuando el gobierno ya atendía la falta de especialistas en zonas olvidadas. En un mensaje en X respaldó a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien envió una carta el 22 de octubre al representante comercial Jamieson Greer alegando que más de tres mil médicos cubanos laboran en México bajo supuestas condiciones de trabajo forzado según un informe estadounidense. Moreno exigió cancelar los convenios y advirtió sobre posibles efectos en el T-MEC, como si el tratado dependiera de su publicación.
La jugada resulta tan oportunista como un político que descubre el hambre el día de la comida. Salazar, legisladora de Florida, propuso que México pague directamente a los profesionales para evitar que La Habana retenga parte de los salarios, citando separaciones familiares y restricciones de movilidad. Sin embargo, ninguna autoridad estadounidense ha determinado que el programa viole el capítulo 23 del tratado ni ha impuesto sanciones. El gobierno mexicano, por su parte, aclara que los contratos son directos, con sueldos equivalentes a los de médicos locales y enfocados en cubrir plazas en 23 estados a través de IMSS-Bienestar, un esquema que arrancó en julio de 2022 y creció hasta sumar tres mil 101 especialistas.
Claudia Sheinbaum ha reiterado que el programa responde a necesidades reales de atención en comunidades donde antes no llegaba nadie. Mientras tanto, el PRI revive críticas de 2022 y 2024 sin aportar soluciones concretas para formar más médicos mexicanos. El supuesto escándalo parece inflado justo cuando las conversaciones comerciales con Estados Unidos avanzan.
Al final, el ruido mediático queda como distracción mientras las plazas se llenan y los pacientes reciben atención.
