Un grupo de diputados paraguayos, mezcla de opositores y colorados rebeldes, presentó una acusación para destituir al presidente Santiago Peña y a su vicepresidente Pedro Alliana por la intervención de Ueno Bank, que dejó a tres millones de clientes sin poder sacar ni un guaraní. La movida, con 35 firmas, se tramita bajo el artículo 225 de la Constitución y busca sesión extraordinaria ya mismo.
La crisis empezó cuando el Banco Central detectó que el banco del Grupo Vázquez tenía menos del cincuenta por ciento de solvencia exigida. En un país de seis millones y medio de habitantes, casi la mitad de la población tenía cuenta allí, incluidos fondos públicos del Instituto de Previsión Social por ochocientos cincuenta millones de dólares. El banco, que patrocinaba equipos de fútbol y etapas del Mundial de Rally, se convirtió de la noche a la mañana en el equivalente a una rifa sin sorteo.
Las filas frente a las sucursales parecían cola para el último asado antes del apocalipsis, y en Asunción estallaron protestas contra el gobierno. El Banco Central prometió devolver hasta diez millones de guaraníes por depositante, algo así como mil seiscientos dólares, mientras la Asociación de Bancos asegura que todo sigue “normal” aunque las aplicaciones fallan como si el sistema fuera un teléfono con virus de 2005.
Para que el juicio político avance hacen falta dos tercios en Diputados y luego en el Senado. El Partido Colorado tiene mayoría, pero está dividido entre leales a Peña y seguidores de Horacio Cartes, quien observa desde el sillón como quien mira un partido de fútbol sin saber por quién hinchar. Un diputado disidente ya advirtió que si Peña sigue, el coloradismo puede quedarse sin la casa en 2028.
La acusación habla de conflicto de intereses, manipulación regulatoria y encubrimiento. Peña, que vendió sus acciones del grupo en 2025, no ha hablado del tema, aunque en X prometió que los responsables pagarán. Mientras tanto, ocho directivos del banco, incluido su presidente Miguel Vázquez, ya están detenidos y embargados, y la justicia investiga a veintisiete personas más.
Paraguay ya vivió un juicio político exitoso en 2012 con Fernando Lugo. Ahora la pregunta es si Peña correrá la misma suerte o si el Congreso decidirá que, por esta vez, el problema es solo del banco y no del que lo dejó crecer como un hijo malcriado.
