El senado y la cámara dieron luz verde en primer debate al presupuesto del sistema general de regalías para los años dos mil veintisiete y dos mil veintiocho por un monto de veintisiete billones quinientos cuarenta mil millones de pesos. La cifra representa una baja del once por ciento respecto al periodo anterior y responde a las proyecciones de ingresos por explotación de recursos naturales. Los legisladores celebraron la decisión como si hubieran ganado la rifa pero sin el boleto ganador.
Del total aprobado veinticinco billones novecientos treinta mil millones se destinarán a proyectos de inversión en los territorios mientras que novecientos sesenta y cuatro mil millones irán a mecanismos de ahorro y seiscientos cuarenta y tres mil millones cubrirán gastos de control y seguimiento. La distribución prioriza inversión regional con siete billones doscientos ochenta mil millones y recursos para la paz con cinco billones setecientos setenta mil millones. Los números parecen diseñados para que cada departamento reciba su tajada sin que nadie se queje demasiado en público.
La región caribe recibirá cinco billones ciento ochenta mil millones mientras que los llanos obtendrán tres billones setecientos veinte mil millones y el centro oriente dos billones trescientos cincuenta mil millones. Las demás zonas se reparten cantidades menores pero suficientes para mantener contentos a alcaldes y gobernadores durante un par de años. El reparto recuerda a una herencia familiar donde todos esperan más pero terminan peleando por las migajas.
El gobierno busca concentrar el dinero en obras de alto impacto y en la recuperación de zonas afectadas por el terremoto de agosto de dos mil veintiséis mediante inversión en vías y servicios públicos. También se plantea vincular las regalías con seguridad energética y protección ambiental para que el país no parezca un barril sin fondo. Los objetivos suenan nobles aunque la historia demuestra que los buenos propósitos suelen terminar en licitaciones cuestionables.
Durante el debate surgieron dudas sobre posibles casos de corrupción y el representante del centro democrático propuso controles adicionales para evitar que los recursos se esfumen como agua en el desierto. El coordinador ponente recordó que la contratación debe seguir la ley ochenta aunque eso nunca ha impedido que alguien intente saltarse las reglas. El proyecto seguirá su trámite en plenarias donde seguramente aparecerán más sorpresas antes de convertirse en ley definitiva.
