Harto de que el país parezca una fiesta de adolescentes sin supervisión, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido ponerse su sombrero de «papá regañón» y ha decretado que se acabó el recreo. En una jugada digna de un director de internado estricto, ha anunciado que, a partir de ahora, quejarse en la calle estará más regulado que la receta de la Coca-Cola, especialmente si no perteneces al club exclusivo de los sindicatos.
Tras una reunión de emergencia donde seguramente se sirvieron galletas de animalitos para calmar los nervios, Macron salió a decir que la recomendación general es «dejar de hacer berrinche en la vía pública». Para los sindicatos, que son como los hijos predilectos, les ofrecerán rutas alternativas para sus paseos de protesta, probablemente por callejones sin salida o zonas industriales abandonadas. Pero para el resto, los «sin legitimidad», la respuesta es un rotundo «¡a su cuarto y sin chistar!», prohibiendo sus manifestaciones siempre que sea posible. Es decir, siempre.
Para darle más dramatismo al asunto, se convocó un «Consejo de Defensa» que suena más a «Comité para que la Gente Deje de Gritarme por la Ventana». Mientras tanto, el gobierno intentará apagar el fuego con un dedal de agua, organizando reuniones con estudiantes, sindicatos y hasta con el que vende baguettes en la esquina. El plan es sentarlos a todos en una mesa el lunes, probablemente para explicarles con una presentación de diapositivas por qué tienen que dejar de quejarse de las cosas de las que se están quejando.
El mandatario, en un alarde de psicoanálisis de bolsillo, ha separado a los manifestantes en dos equipos. En una esquina, los «políticos y sediciosos», unos malotes de extrema izquierda cuyo único objetivo en la vida es «hacer caer la República» para instalar un gobierno de caos y anarquía. En la otra esquina, los simples delincuentes, gente que aprovechó el desorden para actualizar su televisor sin pasar por caja. Para los primeros, promete mano dura; para los segundos, también. Una investigación «exhaustiva», casi al nivel de buscar las llaves perdidas, ya está en marcha para encontrar a los culpables.
Como era de esperar, las autoridades de París, Lyon y Niza han seguido el ejemplo y han empezado a repartir prohibiciones como si fueran volantes. Organizar una manifestación no autorizada ahora te puede costar seis meses de sombra y una multa de 7.500 euros, suficiente para reconsiderar si tu indignación vale tanto. En Niza, la multa por solo aparecer en una de estas quedadas ilegales es de 135 euros. Básicamente, en Francia, quejarse en grupo se ha convertido en un lujo que pocos pueden permitirse.
