El Ejecutivo nacional mandó a Diputados la Ley de Competitividad Financiera con una alícuota del quince por ciento de Ganancias sobre la venta de cedears. La medida generó quejas inmediatas de operadores y analistas que vieron en ella un golpe extra a un mercado ya bastante flaco. Horas después el propio equipo económico aclaró que ese artículo saldría porque provenía de un borrador viejo.
El texto llevaba las firmas de Santilli, Caputo, Sturzenegger y Monteoliva y pretendía cerrar una supuesta fisura fiscal. Según el proyecto original, los inversores locales usaban los cedears para esquivar el impuesto que sí pagarían si compraran acciones extranjeras de forma directa. La idea era aplicar un principio de transparencia fiscal a partir de octubre de dos mil veintiséis.
Ramiro Marra, ex dirigente libertario, soltó en redes que si la idea era esta, mejor que lo hubieran echado antes. Franco Tealdi, desde Córdoba, advirtió que la norma no incentivaría nada y solo empujaría más capitales hacia afuera. Además señaló que perseguir operaciones chicas de doscientos dólares resultaría impracticable y solo restaría liquidez a las alics.
El mercado local ya venía golpeado por otras medidas recientes que complicaron el fondeo de las pymes. Agregar un impuesto nuevo a los cedears se interpretó como otro golpe de gracia a un sistema que apenas respira. Los críticos coincidieron en que la distorsión fiscal se resolvería mandando los pesos directamente al exterior.
Felipe Núñez, asesor de Caputo, confirmó en redes que el artículo se retira y que todo queda en un malentendido de redacción antigua. El proyecto sigue su trámite sin esa cláusula y el gobierno insiste en que busca ordenar incentivos sin espantar al inversor local.
