El Senado galo se ha puesto serio con los manifestantes que dejan la ciudad hecha un desastre. La propuesta, llamada “el que rompe, paga”, busca que los responsables de destrozos y saqueos indemnicen a las víctimas con multas que subirían hasta los 45.000 euros y penas de cárcel de hasta tres años. Para que nadie se escape, también contemplan embargar prestaciones sociales y usar drones judiciales que graben todo como si fueran cámaras de reality show.
Entre las ideas más estrambóticas figura la de bloquear en una hora las redes que no retiren mensajes que inciten a la violencia. Si la publicación es menos grave, tienen 24 horas para borrarla o la plataforma desaparece del mapa digital. El Gobierno francés asegura que así se evita que TikTok y compañía conviertan una protesta en un saqueo masivo, pero la izquierda ya advierte que esto puede acabar con el derecho a manifestarse como si fuera una procesión de Semana Santa vigilada por drones.
Algunos senadores protestan porque el límite de 10.000 euros por persona les parece poco y temen que subirlo declare inconstitucional la ley entera. Otros responden que lo importante es distinguir entre el manifestante pacífico que solo grita y el que acaba rompiendo escaparates como si estuviera en rebajas salvajes. Mientras tanto, el Ejecutivo espera que la norma pase rápido por la Asamblea para responder a los últimos disturbios sin que se les escape ni un meme incendiario.
