Con el propósito de que servidoras y servidores públicos municipales cuenten con las herramientas necesarias para el correcto desempeño de sus funciones, el Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización, a cargo de Everardo Domínguez Landa, impartió el curso de capacitación Patrimonio Municipal: Administración, Adquisición, Enajenación, Donación y Bajas de Bienes, dirigido a munícipes, tesoreros y personal administrativo de los ayuntamientos de la entidad.

En el uso de la voz, el presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal de la LXVI Legislatura, diputado Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, recordó a los funcionarios municipales la importancia de la debida integración de los expedientes relacionados con la enajenación de bienes muebles e inmuebles y la celebración de convenios entre ayuntamientos y/o dependencias de otros órdenes de gobierno.

De igual forma, los compromisos de obligaciones financieras, los contratos de asociaciones público-privadas y concesión de servicios públicos, entre otros, toda vez que “dará celeridad a cualquier trámite que se requiera”.

Destacó que desde la Comisión que preside y demás áreas administrativas del Congreso relacionadas con la materia, hay el firme compromiso de coadyuvar para aclarar dudas acerca del registro y la integración de los diferentes expedientes, “para que así las autorizaciones que emanen desde la Comisión de Hacienda Municipal sean más accesibles y ágiles, dando una respuesta rápida a sus requerimientos”.

Por otra parte, la directora de Auditoría y Revisión Financiera del Congreso local, María del Carmen Morales Ramos, indicó que, en atención a la instrucción del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, se realizó este encuentro con el objetivo de mantener la cercanía con las autoridades municipales y para apoyarles a resolver cualquier duda que pueda surgir en la elaboración de los registros o al iniciar procedimientos.

Finalmente, explicó que, de acuerdo con la normativa interna, cuando se trata de permisos en materia de bienes inmuebles, el Congreso, previa revisión, debe dar las autorizaciones pertinentes, “de ahí la importancia de esta capacitación, que permitirá dar más claridad al momento de iniciar una solicitud”, concluyó.

En el encuentro también participaron el director de Normatividad, Control y Seguimiento, Edmundo Macario Álvarez, y el jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Luis Enrique Torralba Cruz.

En acatamiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió que es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad y declaró la invalidez del Decreto número 557, integrantes de la LXVI Legislatura presentaron una iniciativa de Decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en nombre de su homóloga Ana Miriam Ferráez Centeno y del legislador Gonzalo Durán Chincoya, con quienes comparte la coautoría de la propuesta, la diputada Anilú Ingram Vallines hizo uso de la tribuna para exponer las motivaciones del proyecto legislativo.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables expuso una síntesis del trabajo realizado desde la reforma a la fracción XI del artículo 2 y el párrafo primero del artículo 4 de dicha ley, el 6 de mayo de 2020, y la acción de inconstitucionalidad 204/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con respecto al derecho a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad.

Por designación de la Diputación Permanente, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables emitió el Protocolo del proceso de consulta dirigido a las personas con discapacidad en el estado de Veracruz (particularmente a las de talla baja o gente pequeña), incluidas las niñas y los niños con discapacidad, sus familias, personas que las cuidan o apoyan, así como organizaciones e instituciones de y para personas con discapacidad.

En la consulta realizada el 26 de mayo de 2023, las respuestas a las tres preguntas planteadas, por unanimidad, las personas consultadas manifestaron que sí consideran la talla baja como una discapacidad física; contestaron que prefieren ser llamadas “personas de talla baja” o “gente pequeña” y dijeron estar de acuerdo en que sus condiciones de discapacidad no sean motivo de discriminación y que así se considere en la Ley.

Además, prosiguió la Diputada, los asistentes a la consulta enfatizaron que, al margen de cómo se les llame o que su condición se considere una discapacidad física, les preocupa sobremanera que se les cierran los espacios laborales, que su educación es deficiente, que los servicios médico-clínicos que se les proporcionan también lo son y que su accesibilidad a los inmuebles y al transporte públicos no es la adecuada.

Por lo tanto, las y el proponentes “creemos necesario reformar, además de las porciones normativas invalidadas por la Suprema Corte, la fracción III del artículo 4 de la Ley de que se trata, para que todos los derechos de las personas con discapacidad se protejan y promuevan, pero especialmente sus derechos a la salud, la educación, el empleo y la accesibilidad a los espacios y el transporte públicos”.

Con la adhesión de las diputadas Citlali Medellín Careaga, Tania María Cruz Mejía, Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete, así como los grupos legislativos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 2, fracción XI, y 4, párrafo primero y fracción III, de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

En el marco del Día Estatal de la Citricultura, la diputada del Distrito VII de Martínez de la Torre, Adriana Esther Martínez Sánchez, se pronunció ante Pleno de la LXVI Legislatura en relación con reconocer y reflexionar sobre las aportaciones que hombres y mujeres realizan diariamente en esta actividad que se desarrolla en diversas regiones de la entidad.

Al respecto, la legisladora subrayó que la labor que desempeñan las y los citricultores de Veracruz es de suma importancia, toda vez que han logrado posicionar al estado en los primeros lugares a nivel nacional e internacional en la producción de cítricos.

Indicó que actualmente la naranja es considerada como el cítrico más producido y de mayor consumo entre las familias mexicanas.

“Se tienen registros de que la mandarina, lima, limón persa y toronja, complementan la amplia gama de cítricos y mantienen a nuestro país, con elevados niveles de producción y como auténtico competidor en el mundo”, puntualizó.

Tras mencionar las propiedades nutrimentales que tienen los cítricos en beneficio de la salud, la Diputada informó que en materia económica, de acuerdo con datos del Sistema de Información Económica del Banco de México, a febrero de este año la citricultura obtuvo 82 mil 774 dólares por concepto de exportaciones. Asimismo, agregó,  en el 2022, alcanzó  la cantidad de 320 millones de dólares, en cuanto a producción de jugo de naranja.

Por consiguiente, la legisladora manifestó que dicha actividad tiene crecimiento económico estatal y nacional, “de ahí la importancia de hacer un sincero y merecido reconocimiento a quienes participan en la citricultura, ya sea en la producción, distribución y comercialización. Son personas que, con amor y esmero, se dedican a deleitarnos con frutos deliciosos y de calidad”, refirió.

Finalmente, detalló que desde el Congreso local continuará refrendando el compromiso con el campo veracruzano, impulsando una agenda que coadyuve al desarrollo y fortalecimiento de la citricultura como una acción aliada del progreso social.

El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que, en cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión 200/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, se ratifica a la ciudadana Gladys de Lourdes Pérez Maldonado como magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para un periodo de cinco años, contados a partir del 30 de julio de 2020, con base en las consideraciones de la ejecutoria de mérito y los motivos expuestos en los antecedentes.

Derivado de esta resolución, se dejó sin efectos la designación de la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos, que pasó a ocupar la plaza que se entendía disponible como consecuencia de la no ratificación de la ciudadana Gladys de Lourdes Pérez Maldonado.

La magistrada Pérez Maldonado ocupará el cargo por un periodo de cinco años en términos de lo dispuesto por el Artículo 59 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado, contados a partir del 30 de julio de 2020, con la finalidad que tengan coherencia lógica los efectos de la concesión del amparo cuyo cumplimiento corresponderán a autoridad diversa, señalados en los incisos d) y e) del Considerando Décimo Primero de la resolución del Tribunal Colegiado referido.

El presente Acuerdo será notificado a la Jueza Décimo Quinta de Distrito del Estado de Veracruz, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado y al ciudadano Gobernador del Estado, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

También, se instruyó publicar el Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado, el cual surtirá sus consecuencias jurídicas el mismo día de su publicación y servirá como notificación a la ciudadana Gladys de Lourdes Pérez Maldonado.