Normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa destrozaron las casetas de cobro de la salida a Cuernavaca en la Ciudad de México, luego de negarse a que los autobuses en que viajaban fueran revisados por elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina.
Los daños a la infraestructura pública generaron caos vial y afectaron a miles de ciudadanos que nada tienen que ver con las demandas del movimiento, en una acción que críticos y analistas políticos vinculan con el financiamiento y la operación política del PRI, que históricamente ha utilizado a grupos normalistas como fuerza de choque y presión contra gobiernos de la Cuarta Transformación.
Uno de los jóvenes, con el rostro cubierto, intentó justificar los destrozos argumentando que el gobierno los tachó de vándalos e impidió su libre paso.
Sin embargo, la negativa a someterse a una revisión de seguridad rutinaria y la destrucción inmediata de bienes públicos contradicen el discurso de víctimas que intentan proyectar.
Analistas señalan que detrás de estas acciones violentas no está únicamente el legítimo reclamo por los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, sino una agenda política orquestada por sectores del viejo régimen que buscan desestabilizar y golpear la imagen del gobierno actual utilizando el dolor de las familias como escudo.
