Organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos denunciaron un nuevo caso de presunta persecución política en Aguascalientes, luego de la detención y vinculación a proceso de Carlos Darío, joven militante señalado por autoridades estatales por supuestos delitos contra la salud en medio de fuertes cuestionamientos sobre la actuación de la fiscalía local.
El caso ha generado preocupación entre sectores progresistas y organizaciones civiles, que acusan al gobierno estatal encabezado por el PAN de utilizar las instituciones de justicia para intimidar y criminalizar voces críticas.
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes advirtió que existen indicios de fabricación de delitos y construcción de una narrativa criminal contra el activista, particularmente tras las protestas registradas durante la visita de Isabel Díaz Ayuso, figura identificada con la ultraderecha española.
🛑 “No se puede usar la justicia para perseguir opositores”
Diversos colectivos señalaron que el caso refleja una peligrosa tendencia de gobiernos conservadores que buscan utilizar fiscalías y aparatos judiciales para contener la protesta social y desmovilizar a jóvenes organizados políticamente.
“Lo que hoy ocurre con un activista puede ocurrirle a cualquiera que decida alzar la voz”, alertó el Observatorio.
La denuncia ocurre en un contexto donde sectores de izquierda han señalado que gobiernos panistas mantienen prácticas autoritarias heredadas de etapas anteriores, recurriendo al hostigamiento político cuando enfrentan movilización social o críticas públicas.
⚖️ Acusan criminalización del pensamiento crítico
Organizaciones defensoras de derechos humanos consideran preocupante que se intente relacionar automáticamente la protesta política con actividades delictivas, especialmente cuando se trata de jóvenes militantes o movimientos sociales críticos del conservadurismo.
Para activistas y analistas, el trasfondo político del caso resulta evidente:
- un activista de izquierda,
- protestas contra figuras de ultraderecha,
- y una fiscalía estatal señalada por actuar con criterios selectivos.
En ese sentido, colectivos consideran que no se trata únicamente de un caso judicial, sino de un mensaje político dirigido contra quienes cuestionan a los grupos conservadores en el poder estatal.
🇲🇽 Contraste con la narrativa democrática de la 4T
Mientras el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha insistido en garantizar libertades democráticas, derecho a la protesta y apertura política, organizaciones sociales denuncian que en algunos estados gobernados por la oposición continúan prácticas de persecución y criminalización.
Sectores cercanos a la Cuarta Transformación sostienen que este tipo de casos exhiben la contradicción de la derecha mexicana, que suele hablar de “libertades” y “democracia”, pero responde con represión o judicialización cuando enfrenta disidencia social.
📢 Exigen libertad y transparencia
Entre las principales demandas destacan:
- respeto al debido proceso,
- transparencia total en la investigación,
- revisión de las actuaciones ministeriales,
- y garantías para la libre organización política.
El Observatorio aseguró que continuará vigilando el caso y acompañando a familiares y compañeros de Carlos Darío bajo la consigna #LibertadParaCarlosDarío.
Para sectores progresistas, el caso podría convertirse en un símbolo del choque entre dos modelos políticos: uno que apuesta por ampliar derechos y participación ciudadana, y otro que —afirman— continúa recurriendo a mecanismos de control y persecución contra quienes piensan distinto.
