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miércoles, mayo 15, 2024

«COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CASO ‘CÁRTEL DEL DESPOJO’ EN OAXACA»

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En un esfuerzo conjunto y coordinado, el Gobierno del Estado de Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) continúan trabajando en el caso del «cártel del despojo». El consejero Jurídico y Asistente Legal del Gobierno Estatal, Geovany Vásquez Sagrero, informó sobre los avances y las etapas de este proceso jurídico durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.

En el centro de la atención se encuentra el juicio contra el notario público Jorge Merlo, y Vásquez Sagrero destacó que las carpetas de investigación se abrieron durante la administración pasada. El Gobierno de Oaxaca proporcionó información relevante sobre la falsificación de documentos y el uso de documentos falsos en este caso. Vásquez Sagrero enfatizó la importancia de la coordinación entre las autoridades locales y federales para garantizar un proceso legal adecuado.

En cuanto al estatus de Jorge Merlo, el consejero jurídico compartió que se están esperando comunicaciones oficiales por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR para entender la situación jurídica del imputado en Italia. Este paso es fundamental para continuar avanzando en el caso y determinar las acciones futuras.

Vásquez Sagrero subrayó que el proceso legal sigue su curso en Oaxaca, y la orden de aprehensión sigue vigente. El tema de su extradición a México se está siguiendo con cuidado, y cualquier decisión relacionada con su situación en el extranjero será monitoreada de cerca.

El funcionario estatal enfatizó que, a pesar de ciertas informaciones contradictorias, es esencial recordar que la autoridad competente para determinar la culpabilidad de Jorge Merlo en los delitos que se le imputan es el juez que emitió la orden de aprehensión. Cualquier veredicto de inocencia requerirá que el proceso se desarrolle en Oaxaca. Vásquez Sagrero también señaló que, en última instancia, se podría considerar una negativa de extradición basada en el derecho interno de otro país.

La coordinación institucional en este caso subraya el compromiso de las autoridades por garantizar que se haga justicia y se resuelva adecuadamente un asunto de gran importancia en Oaxaca.

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