El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que encabece, de la mano de las familias, una política de Estado integral y eficaz que enfrente la grave crisis de desapariciones en el país.
En un comunicado, el colectivo —que agrupa a más de 90 organizaciones de 26 estados, así como de Centroamérica y Estados Unidos— reconoció los primeros esfuerzos del gobierno federal para abrir espacios de diálogo con familiares y colectivos de búsqueda, pero advirtió que urge convertir las mesas de trabajo en políticas públicas estructurales.
“Los cinco ejes temáticos confirman el diagnóstico que ha realizado el MNDM y permiten construir una base común para avanzar. Es tiempo de traducir esto en acciones concretas”, expresó el movimiento.
Cinco ejes de acción
Las mesas de trabajo, realizadas del 22 al 24 de abril, abordaron cinco ejes clave:
- Búsqueda e investigación: Actualizar protocolos, crear un Programa Nacional de Búsqueda con planes regionales, y fortalecer las acciones de búsqueda en vida y de larga data.
- Capacidad forense: Profesionalizar centros de identificación, incorporar tecnología de punta, y articular bases de datos hoy dispersas.
- Protección de datos: Lograr la interoperabilidad entre sistemas de información, garantizando la seguridad y trazabilidad de los registros.
- Bienestar y reparación: Implementar una política nacional de atención integral para familiares y aplicar efectivamente la Declaración Especial de Ausencia.
- Prevención y justicia: Diseñar campañas nacionales de sensibilización, analizar contextos de desaparición, y combatir la impunidad estructural que rodea estos crímenes.
Un llamado al compromiso presidencial
El MNDM reiteró que la magnitud de la crisis —con más de 127,000 personas desaparecidas— exige una respuesta presidencial directa y sostenida, y no solo medidas fragmentadas.
El movimiento urgió al gobierno de Sheinbaum a construir un modelo que reconozca a las familias como actores centrales en la formulación y ejecución de las políticas, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención diferenciada.
