La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma que otorgaría la operación del Tren Maya al Ejército Mexicano, a través de la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicio Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V., de manera indefinida y sin la posibilidad de ceder o transferir los títulos de asignación de vías férreas del mega proyecto que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa fue propuesta por el legislador de Morena, Pablo Amílca Sandovar, y contó con 264 votos a favor de los partidos de Morena, PT y PVEM, mientras que los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD y MC, registraron 216 votos en contra. La propuesta también adiciona diversas disposiciones a la Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley de las Entidades Paraestatales.
La asignación fue trasladada al Senado para su debate y votación, mientras que las bancadas de la oposición habían interpuesto mociones suspensivas, las cuales fueron negadas. Algunos miembros de la oposición criticaron la prisa por aprobar la iniciativa, argumentando que otorgaría total opacidad para que el gobierno opere y administre el Tren Maya.
José Antonio García García, del PAN, afirmó que esta iniciativa traerá un impacto negativo y que se debería consolidar el sistema ferroviario, pero no a través de estas acciones. María Ascención Álvarez Solís, del MC, agregó que considerar esta iniciativa de urgente resolución es hacerle un favor al Ejecutivo Federal para acelerar la militarización del país.
Cabe destacar que la asignación de la operación del Tren Maya al Ejército Mexicano no podrá cederse o transferirse a particulares en ningún caso, y solo podrá cancelarse cuando se acredite fehacientemente que no existe utilidad o interés públicos, interés general, interés social o de seguridad nacional que lo justifiquen.
El Tren Maya es un proyecto de desarrollo turístico y económico que busca mejorar la infraestructura ferroviaria en la península de Yucatán y conectar a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El proyecto ha sido objeto de controversia desde su anuncio, y algunos grupos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y ambientalistas han expresado su preocupación por el impacto que pueda tener en la biodiversidad y las comunidades locales.