El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó detalles sobre los hospitales construidos por particulares y que actualmente son rentados por el gobierno federal. Durante su conferencia, mencionó el caso específico del Hospital General de Tapachula, ubicado en Chiapas, cuyo contrato fue establecido en 2017 y tiene un plazo de operación de 25 años. El monto total del contrato asciende a 17.364 millones de pesos, con un pago anual de 633 millones de pesos.
El mandatario comparó esta situación con la gestión de los reclusorios, donde también se ha logrado obtener ahorros significativos. Sin embargo, reconoció que aún no está satisfecho con los resultados obtenidos en este ámbito.
López Obrador afirmó que en estos contratos hay involucradas personas de la clase política, lo que ha generado preocupación. Explicó que, debido a la situación actual del Poder Judicial, no es posible suspender los contratos, ya que esto podría resultar en litigios desfavorables para el gobierno. Como alternativa, mencionó tres opciones: la reducción de los montos de los contratos, solicitar a las empresas una reducción en los pagos o considerar la compra de los inmuebles.
El presidente destacó que, como se ha demostrado en el caso de las plantas de Iberdrola, el gobierno tiene capacidad para realizar negociaciones favorables en beneficio del país. Concluyó su intervención subrayando la importancia de encontrar soluciones que permitan reducir los costos y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.
Estas declaraciones reflejan el compromiso del gobierno federal de buscar opciones para optimizar los recursos en la administración de hospitales y otros servicios públicos, con el objetivo de beneficiar a la población y lograr un uso eficiente de los recursos del Estado.
