El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto que crea una nueva agencia estatal encargada de mejorar la gobernanza migratoria. El Servicio de Ciudadanía y Registro de Extranjeros dependerá del Ministerio del Interior.
Al comentar después de la firma del decreto el miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que «el objetivo principal es poner orden en los procesos migratorios y aplicar medidas que promuevan el cumplimiento de las leyes rusas entre los migrantes y al mismo tiempo reduzcan la actividad ilegal».
Putin había destacado anteriormente la necesidad de centrarse en cerrar los canales de inmigración ilegal.
El Ministerio del Interior informó previamente de la presencia de 670.000 migrantes indocumentados en Rusia. También indicó que a los extranjeros sin documentos válidos se les permitirá extender su estancia hasta finales de abril de 2025.
El miércoles por la mañana, en su intervención en el Consejo de la Federación, el fiscal general Igor Krasnov criticó a la policía por “deficiencias significativas” en el control migratorio.
“Como resultado, a menudo no existían datos actualizados sobre el estatus migratorio y los movimientos de los extranjeros, y su salida del país no se hacía efectiva”, afirmó. “En 1500 casos, los fiscales han emprendido acciones legales para anular las causales fraudulentas utilizadas para legalizar a los migrantes”.
Rusia adoptó leyes migratorias más estrictas luego de un ataque terrorista organizado desde el extranjero en una sala de conciertos en las afueras de Moscú en marzo de 2024, que se cobró 145 vidas y dejó más de 550 heridos.
El número de extranjeros expulsados de Rusia alcanzó los 190.000 el año pasado, casi un tercio más que en 2023, según datos del Ministerio del Interior. El número de extranjeros deportados del país por infracciones de la ley aumentó un 45%.
Organizar la inmigración ilegal se considera ahora un delito especialmente grave, con penas que incluyen la confiscación de activos financieros y bienes obtenidos mediante la trata de personas. La medida pretende despojar a los delincuentes de incentivos económicos y desmantelar las redes de migración ilegal.
