La Secretaría General de la Cancillería de Colombia adjudicó el contrato para la elaboración de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons, tras una polémica en torno al caso y luego de que el canciller, Álvaro Leyva, actualmente suspendido, declarara desierta la licitación el año pasado.
De acuerdo con varias resoluciones firmadas por el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, con fecha del 26 de febrero, la multinacional británica se quedó con el contrato por casi 600.000 millones de pesos (alrededor de 151 millones de dólares), reseñó El Espectador.
En los documentos firmados por Salazar se dejó «sin valor ni efecto» la Resolución 7485 del 13 de septiembre 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, «por la cual se declara desierto el proceso de Licitación Pública No LP-001-2023«.
El funcionario hizo la adjudicación luego de que la semana pasada el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, suspendiera la nueva licitación y determinara reasignar el proceso a la Secretaría General de la Cancillería, de la que había sido apartada por Leyva.
Traición
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se mostró de acuerdo con la decisión de la Secretaría General de la Cancillería y ordenó la salida de Salazar.
«El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata«.
De acuerdo con el presidente, «el contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada«. Por tanto, insistió en que «toda la investigación penal debe desarrollarse«.
La polémica
La adjudicación este lunes a Thomas Greg & Sons se da luego del lío jurídico que se inició en septiembre de 2023, después de que Leyva declaró desierto el proceso.
Leyva fue justamente suspendido por este caso. La Procuraduría General de Colombia, que ordenó la medida por tres meses contra el canciller, consideró que el alto funcionario se habría «extralimitado en el cumplimiento de sus funciones al declarar el proceso de licitación desierto«.
El canciller suspendido declaró desierta la licitación, argumentando que en el anterior proceso se violó la igualdad y equidad en la participación de todos los oferentes, y que tenía condiciones que favorecían a Thomas Greg & Sons, firma que durante 17 años tuvo contrato de exclusividad con la Cancillería colombiana para expedir los pasaportes del país. El Gobierno sostuvo la tesis de que la licitación estaba «amañada«.
Leyva, tras dejar desierta la licitación, declaró «estado de urgencia manifiesta», que permite hacer una contratación directa por motivos de fuerza mayor; esto dio lugar a una millonaria demanda de Thomas Greg & Sons.
El canciller suspendido fue defendido por Petro, quien manifestó su desacuerdo con la decisión de la Procuraduría General.
«El ministro de Relaciones Exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite«.
