La iniciativa privada advirtió que la inversión proyectada de 5.6 billones de pesos en infraestructura para el periodo 2026-2030 dependerá de que el gobierno federal garantice mayor certeza jurídica, seguridad y simplificación regulatoria. Bancos, aseguradoras y fondos de inversión señalaron que existe interés en participar en el plan impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero persisten obstáculos que frenan el flujo de capital.
El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar contempla proyectos en energía, trenes, carreteras, puertos, salud y agua. Tan solo para este año se prevé destinar 722 mil millones de pesos adicionales en obras estratégicas. Sin embargo, empresarios consideran que la burocracia en estados y municipios sigue siendo uno de los principales problemas para concretar inversiones.
Directivos de instituciones como BBVA México, Multiva y Sura Investments coincidieron en que el país tiene una oportunidad histórica derivada del nearshoring y la reconfiguración comercial global. No obstante, pidieron reglas claras, contratos sólidos y mecanismos eficaces para resolver controversias, especialmente en proyectos de largo plazo relacionados con energía e infraestructura logística.
Especialistas señalaron que la seguridad pública y la certidumbre regulatoria serán factores clave para atraer capital privado en los próximos años. También advirtieron que muchos proyectos de infraestructura suelen extenderse más allá de los periodos gubernamentales, por lo que resulta indispensable garantizar continuidad y estabilidad. Analistas consideran que, si se eliminan trabas administrativas y se fortalece el marco legal, México podría acelerar significativamente su crecimiento económico y la generación de empleo formal.
