En una lección magistral de cómo no montar un negocio familiar, el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo fueron sentenciados por la justicia. Su brillante idea de negocio, que consistía en la comercialización ilegal de 21.000 pruebas para detectar Covid-19 en plena crisis sanitaria, les ha valido un premio de nueve años y cuatro meses de cárcel. Un emprendimiento que demuestra que, a veces, la iniciativa empresarial te lleva directamente a la sombra.
Como premio de consolación, y debido a sus 76 años, el exmandatario podrá cumplir su condena desde la comodidad de su hogar, lo que convierte la sentencia en unas largas vacaciones pagadas con arresto domiciliario. Además, padre e hijo tendrán que pagar una multa de 9.640 dólares, una cifra tan simbólica que probablemente la paguen con lo que tenían suelto en los bolsillos para el café. Un castigo que asusta menos que una factura de teléfono después de las vacaciones.
Pero el reparto de premios no terminó ahí, pues en este circo de la delincuencia organizada hubo para todos. Un exagente de tránsito, que al parecer era el empleado del mes en la organización, se llevó el premio gordo con trece años y cuatro meses de prisión. Mientras tanto, un ciudadano israelí que colaboró con las autoridades y cantó como un canario en primavera, recibió una pena de apenas dos años y ocho meses, demostrando que en el mundo del hampa, ser chismoso tiene sus ventajas.
La logística de la operación era digna de una película de espías de bajo presupuesto, utilizando credenciales diplomáticas más falsas que un billete de tres dólares y vehículos oficiales para mover su mercancía. La Fiscalía encontró pruebas, mascarillas y guantes en la propia casa del expresidente, convirtiendo su residencia en el almacén central de la picaresca. La trama era tan enrevesada que hasta incluía a otro ciudadano israelí que fue asesinado en prisión, un giro de guion bastante oscuro para una comedia.
El verdadero talento de estos empresarios se vio en su política de precios, pues vendían insumos con sobreprecios de escándalo a hospitales públicos. El ejemplo más descarado fue el de las fundas para cadáveres, que pasaron de costar 15 dólares a la módica suma de 150 dólares. Ni el vendedor de palomitas del cine se atrevió a tanto con el margen de ganancia, demostrando una visión para los negocios que roza lo sociopático.
Para cerrar con broche de oro, Bucaram escuchó el fallo desde una cama de hospital, donde se recuperaba de una operación cardíaca. Desde allí, se autoproclamó como «el más grande líder» y culpó a los «oligarcas», mientras advertía que corría peligro de «muerte súbita» por sus 13.000 arritmias. Un acto de victimismo tan dramático que merecería un premio de la academia a la mejor actuación en un procedimiento judicial.
